La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en América Central y el Caribe expresó este miércoles su "condena" a la "confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.
La OACNUDH, que tiene en la Ciudad de Panamá su oficina para América Central y el Caribe, reprobó además que la UCA haya sido calificada como un "centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales" por las autoridades nicaragüenses.
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"La OACNUDH recuerda al Estado de Nicaragua que su obligación ante la grave medida de cerrar una universidad, por supuesto motivos de seguridad nacional, debe estar justificada respecto a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
En una declaración difundida a través de sus redes sociales, la oficina del Alto Comisionado alertó además que esta medida de las autoridades nicaragüenses "afecta gravemente el derecho a la educación, indispensable para la realización de otros derechos humanos".
La Justicia de Nicaragua, controlada por el Gobierno que preside Daniel Ortega, ordenó a la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, informó este miércoles la institución educativa.
"Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", explicó la casa de estudios en un correo electrónico dirigido a la comunidad educativa y compartido con EFE.
La universidad jesuita, cuyo rector es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender a partir de este miércoles "todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad".
Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.