Por El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por unanimidad llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro por liderar una conspiración para ejecutar un golpe de Estado con el objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía lo acusa de integrar una organización criminal que promovió la desinformación, presionó a las Fuerzas Armadas y planeó el uso de decretos golpistas, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. Junto a él serán juzgados siete colaboradores cercanos, entre ellos altos mandos militares y exministros, enfrentando penas de hasta 43 años de cárcel.
La pieza clave de la acusación es el testimonio del exayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien decidió colaborar con la justicia tras estar en prisión preventiva. Su confesión y los datos de su teléfono celular permitieron revelar los contactos, planes y movimientos de la trama golpista. Aunque Bolsonaro ha intentado invalidar esta delación premiada, los jueces consideran que existen pruebas contundentes y múltiples testigos que confirman los hechos. La jueza Carmen Lúcia defendió su voto afirmando que es necesario actuar para evitar nuevos atentados contra la democracia, recordando los golpes de 1937 y 1964.
Bolsonaro, que perdió su inmunidad al dejar el cargo, enfrenta también otras investigaciones por corrupción, falsificación de documentos y abuso de poder, y está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030. Sin embargo, continúa liderando la oposición de extrema derecha y mantiene una base de apoyo significativa. A pesar de los procesos judiciales, sigue siendo un actor político relevante en un contexto donde el gobierno de Lula atraviesa una severa crisis de popularidad, marcada por la inflación y el descontento social.