Irán se vio confrontada este viernes durante una ola de condenas y sanciones internacionales y a nuevos llamamientos a manifestaciones tras haber procedido el jueves a la primera ejecución de una persona presuntamente implicada en las protestas que desde septiembre sacuden al país.
La República Islámica aseguró por su lado que estaba actuando con la "mayor moderación" frente a las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, tras ser arrestada el 16 de septiembre por vulnerar el código de vestimenta, que obliga a las mujeres a llevar velo.
Mohsen Shekari fue ahorcado el jueves, tras haber sido condenado por bloquear una calle de Teherán y herir a un paramilitar el 25 de septiembre, al cabo de un juicio que varios grupos de defensa de los derechos humanos tacharon de "farsa".
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El Poder Judicial iraní afirmó que el hombre, de 23 años, fue arrestado por haber atacado con un machete a un miembro de la milicia Basij, una fuerza paramilitar relacionada con los Guardianes de la Revolución de Irán.
Dicho anuncio despertó indignación mundial y varias oenegés alertaron del riesgo de nuevas ejecuciones. El Reino Unido impuso una tanda de sanciones, apuntando a funcionarios iraníes a quienes acusó de dictar "sentencias atroces" contra manifestantes.
Canadá igualmente impuso sanciones a 22 altos cargos de la judicatura, el sistema penitenciario y la policía, así como contra ayudantes del guía supremo iraní, el ayatolá Jamenei, y a medios de comunicación dirigidos por el Estado.
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Por otra parte la Unión Europea (UE) se apresta a extender las sanciones tanto por el suministro de drones a Rusia como por la represión de las protestas, dijeron fuentes diplomáticas.
Amnistía Internacional se declaró "horrorizada" por la ejecución, que "muestra la falta de humanidad del supuesto sistema judicial iraní", y expresó su temor de muchas otras personas tengan que lidiar con "la misma suerte".
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, pidió una respuesta internacional firme, para impedir que la República Islámica siga aplicando la pena capital.
Shekari fue "sentenciado a muerte en una farsa judicial sin un debido proceso", señaló.