Un juez mexicano dictó prisión preventiva oficiosa en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) relacionados con el incendio en un centro migratorio en la fronteriza Ciudad Juárez, al norte de México, por el que fallecieron 40 migrantes.
Los funcionarios laboraban en la estación ubicada en el norteño estado mexicano de Chihuahua y se trata del jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.
Los tres funcionarios del INM en Chihuahua enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio.
Lee también: Cuerpos de 7 salvadoreños que murieron en incendio en México serán traídos a El Salvador este domingo
Un implicado más, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en este suceso, es el propio titular del NM en esta entidad, Salvador González.
Sin embargo, este mismo día consiguió la suspensión provisional por un juez mexicano en contra de cualquier orden de aprehensión y que solicitó a través de un amparo desde el pasado 12 de abril.
La audiencia inicial se retomará en una segunda parte la tarde del próximo martes, luego de dos días para la formulación de los cargos entre la noche del jueves y la tarde de este viernes.
Por este mismo suceso, la FGR de México informó que también procederá penalmente en contra del titular del INM a nivel nacional, Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.
Ambos funcionarios han sido citados a comparecer el próximo 21 de abril en la audiencia inicial en el que se mencionarán las acusaciones que los relacionan con el incendio por el que fallecieron 40 migrantes en la fronteriza Ciudad Juárez.
Esto luego de que la FGR señalara que ha identificado "un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos".
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que los migrantes involucrados no pudieron escapar debido a que la persona encargada de las llaves estaba ausente durante el incidente.
En tanto, el mandatario mexicano y el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, han rechazado pedir la destitución del director del Instituto Nacional de Migración, hasta en tanto no haya una determinación judicial de su responsabilidad o no en estos hechos.
Tras el suceso en el que murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, el Gobierno de El Salvador lo calificó como un "crimen de Estado".
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.