El Concejo de Los Ángeles votó este miércoles a favor de un paquete de mociones para proteger a los migrantes en Los Ángeles en medio de la represión federal y las amenazas a las llamadas ciudades santuario, informaron medios locales como la filial de Telemundo y ABC7.
Según ABC7, las mociones son las presentadas en febrero por el concejal Hugo Soto-Martínez para apoyar a la comunidad inmigrante, entre ellas la exploración de políticas que obliguen a las empresas a reportar toda actividad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la ciudad e informar a los trabajadores sobre sus derechos antes de posibles redadas, así como una "Campaña Conoce tus Derechos" en toda la ciudad para informar a los migrantes de Los Ángeles sobre las protecciones contra la discriminación, la política de santuario de la ciudad y otros recursos disponibles.
La tercera moción, de acuerdo con el medio, es una resolución que declara la postura de la ciudad a favor de que California aumente los fondos para la defensa contra la deportación. Una cuarta moción en la agenda del miércoles autoriza a la ciudad a destinar aproximadamente $500 millones de dólares para mantener los servicios legales de inmigración, lo que cubriría el déficit generado cuando la administración Trump congeló dichos fondos.
Una quinta moción del concejal, que busca brindar servicios legales sin fines de lucro en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles como preparación para una posible prohibición de viajes, fue aprobada por unanimidad el martes por el Comité de Comercio, Viajes y Turismo del concejo. Será considerada por el Concejo de Los Ángeles en una fecha futura, explicó la fuente.
Estos puntos reafirman el compromiso de la ciudad de proteger a su comunidad inmigrante de una posible deportación. En noviembre de 2024, el concejo y la alcaldesa Karen Bass establecieron formalmente Los Ángeles como una "ciudad santuario".
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes que «muy pronto» podría tomar medidas para acabar por decreto con las «ciudades santuario», como se llama a los estados y localidades que limitan la cooperación con los agentes federales de inmigración.
«Vamos a eliminar las ciudades santuario en algunas de estas jurisdicciones que no cooperan con las fuerzas del orden» porque «están protegiendo a los delincuentes», afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca.
«Es posible que muy pronto les presentemos una orden ejecutiva que ponga fin a las ciudades santuario», añadió el magnate republicano, que gobierna prácticamente por decreto desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.
Los estados, ciudades o condados santuario permiten que la policía se niegue a cooperar con agentes migratorios si carecen de una orden judicial o de arresto.
Entre las ciudades destacan Chicago, Nueva York, San Francisco o Los Ángeles y entre los estados figuran, entre otros, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Oregón.
En su mayoría están gobernados por demócratas.
Sus gobernantes alegan que la mano dura migratoria tiene repercusiones negativas debido a que mina la confianza en las autoridades y hace que los migrantes en situación irregular sean reticentes a denunciar delitos.
Aducen además motivos de salud pública, porque si tienen miedo los migrantes acuden menos al médico.
Unos 14 millones de migrantes viven de forma irregular en Estados Unidos. Trump, que ha convertido la lucha contra la migración ilegal en una de las medidas estrella de su mandato, los suele llamar delincuentes por haber entrado en el país sin visa o autorización.
«Por alguna razón, los demócratas quieren mantener y proteger a los delincuentes de ser devueltos a sus países o de ser enviados a prisión», afirmó Trump.
Durante una sesión en el Congreso a principios de marzo, los republicanos reprendieron a alcaldes demócratas estadounidenses de cuatro ciudades «santuario» por sus políticas migratorias que calificaron de «procriminales».
Aunque la ciudad de Los Ángeles ya contaba con ciertas políticas para evitar que sus agencias colaboraran con ICE, la designación formalmente creó una política que establece que ningún personal ni recursos de la ciudad pueden utilizarse para colaborar con las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial.