Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Pero la fiscalía estadounidense acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia y ahora está condenado a 45 años de cárcel.
Además de impartir justicia, el juez Kevin Castel dijo que esta pena enviaba un mensaje “a los educados y bien vestidos para que no crean que van a librarse de las acusaciones”.
Y sobre todo, como lo dijo el fiscal Jacob Gutwillin, para los gobernantes: “Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó el fiscal Jacob Gutwilling en la audiencia.
A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Adversarios políticos tildaban a Hernández de “dictador” y lo acusaban de haberse enriquecido en su gobierno. También lo acusaron de haber violado la Constitución haciéndose reelegir en el segundo mandato, y de controlar los poderes del Estado para su beneficio, en particular la justicia, que avaló su polémica candidatura, y el tribunal electoral, que proclamó su victoria pese a denuncias de fraude.
Como presidente del Congreso, JOH promovió la sustitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los designados en su lugar posteriormente dieron luz verde a su reelección presidencial.
Ya como presidente, Hernández impulsó programas populistas como la “bolsa solidaria” de alimentos y programas de vivienda para familias pobres, pero sus detractores lo consideraron un mecanismo para comprar conciencias y votos.
En enero de 2018 se reeligió por segunda ocasión gracias a la sentencia que emitieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional cuya elección propició y que modificaba la Constitución
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio.
Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.