El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió al menos “un millón de dólares”, aseguró uno de los dos primeros testigos de la fiscalía en el juicio en Nueva York, donde es acusado de conspirar para traficar droga y tráfico y posesión de armas.
El que fuera alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que en una reunión privada “alrededor de 2009” se reunió con el entonces diputado del Partido Nacional de Honduras, y le dio “un millón de dólares” para ayudarle política y financieramente.
A cambio “me ayudó para que la fiscalía no me investigara”, dijo.
Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, condenado también a cadena perpetua en Estados Unidos, “pagó ese soborno”, aseguró el testigo que se vanaglorió de que “las autoridades hondureñas nunca le incautaron droga”, pese a que logró introducir unas 250 toneladas en Estados Unidos.
Hubo más pagos, pero no especificó el monto – la “cantidad fue más”, aseguró- antes de precisar que “trabajó” con Tony Hernández, hermano del exmandatario, también condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, al igual que su socio Geovanny Fuentes.
El primer testigo de la fiscalía, José Sánchez, que durante 15 años fue contable de la empresa arrocera Graneros Nacionales, recordó haber visto en las oficinas del dueño Jorge Jarufe, a Hernández y a Fuentes en dos ocasiones para hablar de droga y de proteger a “quien la proporcionaba”.
“Le vamos a meter la droga en sus narices (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta”, aseguró que dijo el acusado a Fuentes en su presencia, como ya había repetido en otros juicios anteriores a miembros de la red.
Sin relación con el narcotráfico, más allá de depositar dinero en el banco, “cumpliendo órdenes” de su jefe, aseguró que en 2015 decidió irse del país junto con su familia, por “miedo” a que les pasara algo, después de haber difundido imágenes de dichos encuentros.
La defensa del exmandatario de 55 años, que escuchaba las acusaciones sin inmutarse, intentó desvirtuar su declaración acusándolo de haber participado en un esquema de lavado de dinero y de poner en duda su honestidad al señalar que cuatro años después de vivir en Estados Unidos de manera ilegal había solicitado asilo político y empezó a colaborar con la justicia.
– “Protegía en privado a los narcos” –
En los alegatos, el fiscal David Robles acusó a Hernández de combatir en público el tráfico de drogas y en privado de proteger a los narcos.
“Este poderoso político mantenía en público un discurso en el que decía que combatía el tráfico de droga y por la puerta de atrás se asociaba con los narcotraficantes” a cambio de “millones de dolares en sobornos”, dijo.
Se trata, agregó, de un caso sobre “poder, corrupción y tráfico masivo de cocaína”.
La fiscalía neoyorquina acusa al abogado y político de 55 años de haber protegido a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
De ser hallado culpable de todas las acusaciones, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años, como su hermano y Fuentes.
Aunque no está obligado a hacerlo, la defensa, en un intento de jugarse el todo por el todo, prevé que el expresidente suba al estrado.
“No hay obligación de tomar esta decisión ahora”, aconsejó el juez Kevin Castel, que instruye el caso.
– “Venganza” –
La defensa basa su defensa en debilitar la credibilidad de unos testigos protegidos a cambio de beneficios carcelarios, que actúan por “venganza” de la persona que selló su suerte.
Cuando Hernández asumió la presidencia en 2014, Honduras era “la capital” mundial de los homicidios y el 87% de las drogas que llegaban a Estados Unidos pasaba por ese país centroamericano.
Eso disminuyó en un 50% y un 80%, respectivamente, durante su gobierno, que promovió “docenas de leyes” para luchar contra esta lacra, como la legislación contra el lavado de dinero o cumplir el tratado de extradición -que ha facilitado el envío de 38 personas a Estados Unidos desde 2014 acusadas de narcotráfico-, según sus abogados.
A ello se suma la creación de una fuerza especial en la policía para luchar contra el tráfico de estupefacientes, política que le valió incluso los elogios de Washington durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021).
“No verán ningún video de recepción de dinero, ni correos electrónicos ni mensajes ni ninguna señal de riqueza personal” que confirme las acusaciones de la fiscalía, señaló el abogado Renato Stabile.