La Knéset (Parlamento israelí) aprobó la noche del lunes una segunda ley que busca restringir la capacidad de actuación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza, al prohibir a cualquier agencia gubernamental u entidad pública tener contacto con esta agencia o sus empleados.
Esta votación fue aprobada por los legisladores israelíes con 87 votos a favor y 9 en contra, pese a la oposición internacional tanto de EE.UU. como de la Unión Europea. Momentos antes, en una primera votación, la Knéset prohibió a la UNRWA operar en territorio israelí, incluido el anexionado Jerusalén Este.
La aprobación por l Parlamento israelí (Knéset) de una ley que prohíbe las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA) en territorio israelí, incluido el anexionado de forma unilateral Jerusalén Este, «sienta un precedente peligroso y se opone a la Carta de las Naciones Unidas», afirmó el Comisionado general de la entidad, Philippe Lazzarini.
La Knéset (Parlamento israelí), que aprobó la ley a pesar de la presión internacional para que la iniciativa no saliera adelante, ya se había aprobado en primera lectura en verano, antes del receso parlamentario de tres meses. Salió adelante hoy en segunda y tercera lectura con 92 votos a favor y 10 en contra, en el primer día del nuevo periodo de sesiones.
Lazzarini agregó en un comunicado difundido en sus redes que, «estos proyectos sólo profundizarán el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza donde la gente ha estado pasando más de un año de puro infierno».
El texto estipula que la UNRWA no realizará ninguna representación, prestará ningún servicio ni realizará ninguna actividad «directa o indirectamente» dentro del territorio soberano de Israel.
De acuerdo con el funcionario de Naciones Unidas, lo aprobado en el Parlamento israelí «privará de educación a más de 650.000 niños, poniendo en riesgo a toda una generación».
De igual forma, aseveró que se aumentará el sufrimiento de los palestinos y califica la ley de «castigo colectivo».
Lazzarini dijo que poner fin a las labores de la UNRWA y sus servicios «no privará a los palestinos de su condición de refugiados, condición que está protegida por otra resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas»
Esto «hasta que se encuentre una solución justa y duradera a la difícil situación» de dicho pueblo, aclaró.
«Si no logramos rechazar estos proyectos de ley, debilitaremos nuestro mecanismo multilateral común establecido después de la Segunda Guerra Mundial», de acuerdo a lo escrito por el funcionario internacional.
Posteriormente, el Parlamento israelí aprobó una segunda ley que busca restringir la capacidad de actuación de la UNRWA en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza, al prohibir a cualquier agencia gubernamental u entidad pública tener contacto con esta agencia o sus empleados.
Esta votación fue aprobada por los legisladores israelíes con 87 votos a favor y 9 en contra, pese a la oposición internacional tanto de EE.UU. como de la Unión Europea.
La UNRWA proporciona actualmente servicios, como educación y salud, en algunos de los campos de refugiados de Jerusalén Este, como el de Shuafat.
Además, sin la coordinación con Israel, le será muy difícil poder trabajar en Gaza o Cisjordania, donde se encarga de la distribución de ayuda, debido a la falta de visados o permisos de entrada a esos territorios palestinos ocupados.
La UNRWA es «la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza», dijo a EFE Jonathan Fowdler, uno de los portavoces del organismo, quien destacó que sin el trabajo de la agencia, 660.000 niños gazatíes perderían a la única entidad capaz de continuar con su educación.
Acusaciones inconclusas
Israel acusó a la UNRWA de emplear a 2.100 miembros de Hamás, y en enero dijo que doce de ellos habían participado activamente en los letales ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiendo a esos trabajadores.
La agencia, que cuenta con más de 30.000 empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados, mientras que una investigación independiente, a cargo de la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna, avaló en marzo la neutralidad de la actividad humanitaria de la agencia, aunque detectó «áreas críticas».