El Gobierno de los Estados Unidos sancionó a la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso y a los jueces Fredy Orellana y Jimi Rodolfo Bremer, quienes participaron en cuestionados proceso judiciales contra periodistas de El Periódico, entre ellos su director, José Rubén Zamora, duro crítico contra la corrupción gubernamental.
Los tres funcionarios fueron incluidos este año en la lista Engel, que sanciona a extranjeros que “a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones”.
El informe los describe así:
“Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
“Fredy Raúl Orellana Letona, un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
“Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
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Los identificados en el informe, presentado al Congreso, generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y si cuentan con ella será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada, advierten las autoridades estadounidenses.
A ellos se suman la jefa del Ministerio Público (fiscal general), Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche, sancionados el año anterior, también vinculados al proceso contra Zamora, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de prisión por un cuestionado cargo de lavado de dinero y otros dos delitos.
El Ministerio Público había pedido una pena de 40 años de cárcel por los presuntos delitos de lavado de dinero (20 años), tráfico de influencias (12 años) y chantaje (8 años), pero el Tribunal Octavo de Sentencia Penal sólo lo condenó a la pena mínima por lavado.
Monterroso pidió las penas máximas que contempla la ley para esos delitos y que se incluyeran agravantes como el “menosprecio a la autoridad” por las publicaciones del periodista sobre la fiscal Porras y Curruchiche, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a la que Monterroso pertenece.
Una fiscal polémica
El portal Infobae informó que Monterroso dirigió el operativo de captura en Ciudad de Guatemala de José Rubén Zamora, director de El Periódico, uno de los diarios más críticos con el gobierno de Giammattei y con la fiscal general Porras. La captura de Zamora levantó críticas unánimes entre organizaciones internacionales de defensa a los derechos humanos y generó reacciones de varios gobiernos del mundo, entre ellos del Departamento de Estado en Washington.
Pero el 28 de febrero pasado, Monterroso pidió al juez que investigue a otros nueve periodistas que han cubierto o escrito sobre el caso contra el director de El Periódico. Los comunicadores, alegó la fiscal sin dar demasiados detalles, habían puesto en riesgo la integridad de funcionarios públicos y habían obstruido la justicia.
Las acciones de Monterroso y Bremer en la persecución de periodistas ya produjeron rechazo de organizaciones de defensa de periodistas y del gobierno estadounidense. “Estamos sumamente preocupados por reportes de que una corte ha ordenado investigar a nueve periodistas guatemaltecos por obstrucción de justicia… Criminalizar el trabajo de periodistas y de la sociedad civil deteriora las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, dijo en Washington Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. “Llamamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de periodistas independientes”, agregó.
Monterroso tampoco parecía impresionada esta vez. En su cuenta de Facebook, la fiscal colgó el 3 de marzo esta frase: “Se hace camino al andar”.
Según Infobae, en un acto sin precedentes en la historia judicial reciente de Guatemala, el juez que lleva el caso, Jimi Bremer, avaló la petición y abrió el camino para la persecución penal de los periodistas por razones que no están del todo claras.
Involucrados en el caso Zamora y en la suspensión de Semilla
Otro juez, Fredy Orellana, fue quien avaló la captura de Zamora.
El periódico Prensa Libre informó que Orellana fue quien ordenó hace unos días la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, cuyo candidato Bernardo Arévalo competirá con la exprimera dama Sandra Torres en segunda vuelta.
Monterroso dirigió el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral en Ciudad de Guatemala, el jueves 20 de julio de 2023.
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La suspensión de Semilla, los allanamientos a su sede y al TSE, así como las órdenes de revisar las votaciones han sido considerados por los guatemaltecos como por la comunidad internacional como intentos para descarrilar el proceso electoral ante la posibilidad de que gane Bernardo Arévalo, quien ha sido abanderado de la lucha anticorrupción.
Los sancionados el año anterior
El jefe de Cinthia Monterroso es Rafael Curruchiche, jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, a quien el Gobierno de Estados Unidos también sancionó por presuntamente obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interrumpir casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex fiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según el Gobierno de Estados Unidos, José Rafael Curruchiche Cacul “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interrumpir casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex fiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.
Tras la sentencia contra Zamora, Curruchiche anunció que apelará y alegó que “a través de ese medio de comunicación (ElPeriódico) se denigraba, se insultaba en su honor, en su prestigio, a fiscales, a jueces, a magistrados, a diversas personas de la sociedad civil”. Al mismo tiempo, llamó a Estados Unidos a “incluir a Zamora en la lista Engel”, como sucedió con él, según informó Prensa Libre.
Mientras tanto, a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, Estados Unidos la designó también debido a su participación en hechos significativos de corrupción, según dice el informe.
De acuerdo con la información oficial, durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluye dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestiman casos sobre la base de consideración políticas y destituyen a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.
Por su parte, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que manifestó su “rechazo” a la publicación de la lista, que “no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas” y que “violan el principio de presunción de inocencia”.
El Ministerio Público respondió que “dicha lista no tiene ninguna validez en Guatemala por lo que no incide de ninguna manera en la labor investigativa de la institución”.
Funcionarios judiciales guatemaltecos sancionados
Consuelo Porras, jefa del ministerio público
Obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos… dar instrucciones a fiscales de que desestiman casos sobre la base de consideración políticas.
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, Fiscal
Socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Fredy Raúl Orellana Letona, juez
Socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez
Socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
José Rafael Curruchiche Cacul Fiscal
Obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interrumpir casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex fiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).