Las autoridades de Guatemala reforzaron la seguridad del próximo presidente Bernardo Arévalo, quien debe asumir el 14 de enero de 2024, en medio de versiones sobre supuestos complots para eliminarlo.
Arévalo ganó la presidencia el domingo en un balotaje con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, tras sortear una serie de acciones de la fiscalía para sacarlo de la carrera presidencial.
El refuerzo fue anunciado luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, exigió el jueves a Guatemala que “adopte las medidas necesarias para proteger” a Arévalo y a la futura vicepresidenta, Karin Herrera, por amenazas y “la existencia de dos planes para atentar en contra” de ellos.
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El gobierno dijo en un comunicado que “los supuestos planes para atentar contra la vida [de ambos] fueron alertados el 20 de agosto (…), lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC [Policía Nacional Civil] a efecto de brindar mayores medidas de seguridad”.
La Fiscalía General indicó que “obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida” de Arévalo, por lo que coordinó con la Policía las medidas necesarias.
Según la nota del gobierno, funcionarios hablaron por teléfono con Arévalo y Herrera para “fortalecer los dispositivos de seguridad con los que ya cuentan e incrementar el número de elementos conforme a las necesidades que sean detectadas y de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH”.
Tanto Arévalo como Herrera ya contaban con escoltas del cuerpo de seguridad de la presidencia guatemalteca desde que pasaron al balotaje, el pasado 25 de junio.
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El triunfo del sociólogo y diputado socialdemócrata, que pone fin a 12 años de gobiernos de derecha, ha generado malestar en sectores poderosos públicos y privados acusados de corrupción.
Arévalo, visto como una esperanza de cambio en el país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, obtuvo el 58% de los votos en el balotaje frente a la ex primera dama Sandra Torres (37%).
Torres también es socialdemócrata, pero era percibida como la candidata del continuismo.
El gobierno llama a la prudencia
El Gobierno de Guatemala, bajo el mando de Alejandro Giammattei, hizo el viernes un “llamado a la prudencia” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras advertir sobre un posible magnicidio al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
“Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar”, puntualizó el Gobierno de Giammattei en un comunicado de prensa.
La declaración del Organismo Ejecutivo llega después de que el jueves, la CIDH, entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgara medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
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La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los políticos, de acuerdo con una resolución publicada ayer.
En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que han incrementado “tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023”.
Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.
Partido perdedor denuncia “fraude”
El partido de la candidata derrotada Sandra Torres denunció este viernes (25.08.2023) un presunto fraude en el balotaje del 20 de agosto en el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia de Guatemala por amplio margen.
“Luego de los análisis realizados (…) se ha podido observar que existen muchas incongruencias, contradicciones y sobre toda variación de datos que evidencian irregularidades que incidieron en los resultados verdaderos de las votaciones”, dijo en un comunicado la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido de Torres.
El abogado de la UNE, Carlos Aquino, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuesto incumplimiento de deberes