Un juez de Guatemala envió a juicio este miércoles a un exfiscal anticorrupción acusado de haber incumplido sus deberes, una nueva víctima de procesos abiertos por la fiscalía y criticados por la comunidad internacional.

El exfiscal Stuardo Campo se suma a una extensa lista de fiscales y jueces antimafia procesados desde 2022 como parte de una cruzada emprendida por la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.

«Se hace necesario someter las actuaciones [de Campo] a juicio oral y público», dijo el juez Selman Portillo, quien elevó el caso a otro tribunal que debe fijar fecha para el inicio de proceso.

El exfiscal, quien está preso desde el 25 de mayo de 2023, reiteró su inocencia tras conocer la decisión del juez.

«Consideramos que para el Ministerio Público va ser totalmente imposible demostrar el hecho que de forma espuria me han atribuido», declaró a periodistas. 

En una visita a Guatemala en julio, el alto comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, urgió a Porras a detener la «persecución» contra los funcionarios judiciales.

Campo fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción de 2016 a 2021 y luego fue destinado por Porras a la unidad de tráfico ilícito de migrantes.

Es señalado de incumplimiento de deberes por supuestamente haber solicitado la captura de una persona equivocada en una investigación sobre una red de tráfico de migrantes, en agosto de 2022. 

Campo también tiene otros dos procesos, entre ellos uno por supuestas anomalías en las pesquisas por un caso de corrupción en la construcción de una carretera. La semana pasada fue visitado en prisión por Todd Robinson, un alto funcionario estadounidense.

Porras ha abierto varias causas a decenas de funcionarios de justicia que investigaron sonados casos de corrupción, a quienes acusa de abuso de autoridad, lo que ha motivado a muchos de ellos a exiliarse. También ha abierto procesos a periodistas.

Estas causas han seguido en curso luego de que en enero pasado asumiera el poder Arévalo, quien carece de facultades para remover a Porras o intervenir en las acciones de la fiscalía y los tribunales. 

La fiscal general está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran «corrupta» y «antidemocrática». 

Porras también puso en duda la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero, al abrir investigaciones contra su partido Semilla y las elecciones que ganó el socialdemócrata en 2023.