El Congreso de Guatemala eligió este jueves a los nuevos 13 jueces de la Corte Suprema, al cierre de un proceso criticado por oenegés que pusieron en duda la transparencia de la elección y que consideran que el «pulso» lo ganaron «las mafias». 

La elección es considerada clave para la cruzada anticorrupción del presidente, Bernardo Arévalo, que denuncia la existencia de un «Pacto de Corruptos», una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios que, desde las sombras, han manejado los hilos del poder.

El Parlamento, de mayoría opositora, escogió a los 13 magistrados para el periodo 2024-2029 de una lista elaborada por una comisión postuladora integrada por académicos, jueces y abogados, pero el proceso ha sido observado con preocupación por la OEA y oenegés internacionales y locales.

Diputados de la minoritaria bancada oficialista Semilla votaron a favor por nueve de los 13 jueces.

«Ganaron el pulso las mafias», dijo tras la elección la directora para Centroamérica de la ONG WOLA, Ana Méndez, quien afirmó que es un «trago amargo» para Arévalo, quien enfrenta nueve causas judiciales impulsadas por la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.

«El control de las cortes será clave para garantizar impunidad y seguir criminalizando a Semilla y a cualquier voz critica del Pacto de Corruptos», agregó Méndez en la red X.

La ONG Impunity Watch lamentó que la elección se realizara «sin evaluaciones, sin entrevistas y sin valorar la honorabilidad» de los candidatos.

Pese a las críticas, el presidente del Congreso, Nery Ramos, aliado de Arévalo, afirmó en rueda de prensa que el proceso fue «abierto, transparente y democrático».  

Recuperar confianza

Arévalo reaccionó con mesura en la red X: «El Congreso ha tomado su decisión y escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada diputado debe asumir la responsabilidad de su voto».

«En las manos de la nueva CSJ está cumplir con el compromiso que el pueblo de Guatemala exige: recuperar la confianza en la justicia», indicó el mandatario.

«Más allá de especulaciones, necesitamos ver su vocación por la justicia en hechos concretos. Nunca más cortes que no estén al servicio de la democracia, el estado de derecho y la construcción de un mejor futuro», añadió el presidente socialdemócrata.

Tres magistrados salientes fueron reelegidos, entre ellos dos salpicados por un escándalo, pero no fue escogido el fiscal Dimas Jiménez, hombre de confianza de Porras.

«Por sus resoluciones […] los conoceremos. Algunos tendrán la oportunidad histórica de regresar a caminar por el sendero de la justicia. Ojalá que los otros se alejen del pacto de corruptos», comentó en la red social X la exfiscal Thelma Aldana, exiliada en Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte.

La Corte saliente fue criticada por blindar a la fiscal general Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática». 

La elección tuvo lugar en medio de esfuerzos de la fiscalía para sacar a Arévalo del poder.

Porras abrió polémicas causas contra fiscales, jueces y periodistas que investigaron sonados casos de corrupción bajo el pasado gobierno del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). 

También inició pesquisas contra Arévalo y el proceso electoral del año pasado, que pusieron en riesgo la transición presidencial en enero. 

Los nuevos magistrados de la Corte Suprema deben asumir sus cargos el 13 de octubre. Antes de esa fecha, el Congreso también deberá elegir a los jueces de medio centenar de salas de apelaciones.

A estas salas aspiraban el fiscal Rafael Curruchiche, que dirige las investigaciones contra Arévalo, y el fiscal Gilberto Porres, marido de Porras, pero fueron excluidos por la comisión postuladora.

Necesidad de reforma

El miércoles, una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a reformar el sistema de elección de jueces en Guatemala.

Ello «para asegurar que no se permita la elección» de «personas sin honorabilidad ni mérito», dijo la integrante de la misión Rosa Celorio al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington.

En la misma sesión, Andrea Pochak, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que en Guatemala existe un «uso abusivo del sistema penal» dirigido contra abogados, líderes indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta el propio Arévalo y la vicepresidenta, Karin Herrera.