El Parlamento Europeo estudia imponer sanciones a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, al Jefe de la de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y al juez Freddy Orellana, después de sus acciones para invalidar la victoria de Bernardo Arévalo.
“Que estos títeres sepan que sus acciones tendrán consecuencias también en la Unión Europea”, afirmó en entrevista con RFI Jordi Cañas, eurodiputado y jefe de la Misión Observación Electoral (MOE) en Guatemala.
Cañas recordó que ha habido un posicionamiento muy claro por parte de la Unión Europea, específicamente del Alto Representante para la política exterior, Josep Borrell, quien a través de un comunicado denunció el intento de golpe de Estado en Guatemala tras la decisión de la Fiscalía de pedir la anulación de la primera vuelta.
Los parlamentarios esperan tratar el caso este miércoles.
“Podemos instar a los Estados miembros de la U.E. a decidir sanciones… Los mensajes políticos son importantes, sobre todo cuando alguien los espera. Pero es que, además, vamos a pedir sanciones”, enfatizó.
“Las sanciones de la U.E. siempre son personales, nunca se sanciona al país. Los guatemaltecos lo que aplaudirán serán estas sanciones”, enfatizó.
Cañas está convencido de que hay que actuar ya porque se corre el riesgo de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, puede ser detenido por las gestiones del Ministerio Público. “Lo mejor es intentar evitarlo ahora, para no lamentarlo más adelante”, sentenció.
Demanda contra MP
Mientras tanto, la Corte Constitucional de Guatemala (CC) recibió este lunes una denuncia contra el Ministerio Público que considera que el organismo acusador incumplió un amparo emitido el pasado 7 de octubre por la propia CC que ordenaba respetar el resultado de las elecciones presidenciales.
La Fiscalía solicitó anular todo el proceso electoral y evitar así la toma de posesión de Arévalo, una maniobra que fue criticada a nivel nacional e internacional por considerar infundadas las acusaciones y se ha llegado incluso a advertir de un intento de golpe de Estado contra el presidente electo.
“Vamos a pedir una asistencia para la debida ejecución del amparo porque a nosotros nos concedieron un amparo provisional el 7 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad dijo que instaba a todos los órganos a respetar la alternancia en el poder y los resultados electorales”, explicó el abogado constitucionalista Edgar Ortiz en declaraciones recogidas por el portal Prensa Comunitaria.
“En este amparo la CC reconoció la amenaza al orden democrático y a la alternancia del poder”, destacó Ortiz, que pide al Constitucional “una acción legal para solicitar que se respeten los resultados electorales”.
Ortiz subrayó que la Fiscalía no tiene competencia en el ámbito electoral y que “el Ministerio Público tampoco tiene facultades para pedirle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anule las elecciones”, como sucedió el pasado viernes, por lo que habría incumplido el dictamen del CC de octubre.
También la ex fiscal general Claudia Paz y Paz advirtió que ni el Ministerio Público ni los fiscales generales tienen la facultad para declarar “nulas de pleno derecho” las actas electorales.
En la misma línea, el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, remarcó que el Ministerio Público no tiene facultad para decidir sobre temas electorales y advirtió que podría haber incurrido en ilícitos al intentar hacerlo tales como abuso de autoridad porque estarían utilizando su cargo para beneficio propio o de un tercero.
Igualmente podrían ser acusados de usurpación de funciones por arrogarse facultades que solamente competen al TSE e incluso de incumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala por la presunta alteración del orden constitucional, según Sandoval.