Casi 60 guardias y policías permanecen retenidos este viernes en cárceles de Ecuador, campo de batalla de bandas rivales de narcotraficantes que protagonizan masacres y operan desde las prisiones mientras el Estado se esfuerza por retomar el control.
El poder del narcotráfico se impone dentro y fuera de las rejas. Presos de seis cárceles del país secuestraron a 50 guardias y siete policías, según se informó el jueves. La víspera estallaron en Quito dos coches bomba dirigidos contra la entidad estatal que rige las prisiones.
Los dos hechos son represalias por los continuos traslados de reclusos que llevan a cabo las autoridades y las intervenciones en busca de armas y drogas, de acuerdo con el gobierno.
Mientras tanto el presidente Guillermo Lasso en la red X, antes Twitter, "las medidas que hemos tomado, en especial en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado".
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador había logrado esquivar la violencia de las mafias. Pero en los últimos años bandas aliadas con carteles mexicanos y colombianos imponen el terror. Desde 2018 la tasa nacional de homicidios se ha cuadriplicado.
Por su parte las autoridades mantienen hermetismo sobre lo que está ocurriendo en las cárceles: se desconoce en cuáles hay guardias secuestrados, desde cuándo y si esta fue o no una acción concertada.
Claves para entender lo que sucede:
Magnicidio
A un mes y medio del balotaje que escogerá al próximo presidente de Ecuador, la violencia recrudece. La campaña presidencial quedó empañada por el asesinato a tiros de uno de los candidatos favoritos, el periodista Fernando Villavicencio, el 9 de agosto en Quito.
Las autoridades intentan frenarla ejerciendo presión en las cárceles: traslados de presos a una penitenciaría de máxima seguridad, separación de bandas enfrentadas para evitar choques, inspección de las celdas y división de los grupos criminales.
Seis detenidos por el magnicidio fueron cambiados de prisión el miércoles pasado. Según el gobierno, este pudo haber sido uno de los detonantes de los atentados con coche bomba y de los ataques con granadas que siguieron.
Varios guardias penitenciarios están retenidos en la cárcel de la ciudad andina de Cuenca (sur). Militares y policías rodean la prisión, mientras en el techo tres reclusos piden a gritos a los uniformados que retrocedan si quieren obtener la liberación de los rehenes, constató el viernes un periodista de la AFP.
Uno de ellos, vestido de pijama blanco con diseños infantiles, habla por walkie-talkie. Según el exjefe de inteligencia del ejército Mario Pazmiño, "las cárceles son cuarteles generales de las organizaciones (criminales), santuarios" y "quien las controla no es la administración pública" ni el gobierno.
Militarización de prisiones
Las repetidas masacres carcelarias llevaron a Lasso a decretar el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, a fin de desplegar militares en las prisiones. Pero la presencia de soldados tensó aún más la cuerda, coinciden expertos.
Horas antes de los atentados con coche bomba, cientos de uniformados realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la ciudad andina Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de matanzas entre reclusos.
Una segunda hipótesis del gobierno es que esta intervención provocó la furia de las bandas.
Masacres de presos
Convertidas en centros de operaciones del narco, las cárceles ecuatorianas han sido escenario de masacres que dejan más de 430 reclusos muertos desde 2021, decenas de ellos desmembrados e incinerados.
Un comité de pacificación creado por Lasso tildó las prisiones de "bodegas de seres humanos y centros de tortura". En Ecuador existen 36 prisiones para 32.200 reclusos y la población carcelaria ronda los 31.300 presos. La mitad purga penas por tráfico de drogas, combustible de la violencia.