Durante el año 2021, el Instituto de Medicina Legal (IML) reportó 517 suicidios, una cifra superior a la de 2020, cuando hubo 446. Este incremento, según psiquiatras y psicólogos, permite afirmar que existe un decaimiento en la salud mental de la población salvadoreña.
Previo a la pandemia, en 2019, el registro de casos no fue tan diferente, pues en ese año hubo 444 suicidios. Asimismo, las consultas por ansiedad, depresión y adicciones aumentaron durante la pandemia como repercusión de las situaciones consideradas traumáticas, como el encierro, duelo y miedo al contagio según un “Estudio de Salud Mental de la Fundación Prodedicación de El Salvador”.
Los datos brindados por el IML muestran que los hombres entre los 20 y 60 años son los que más cometen suicidio por medio del ahorcamiento, intoxicación o uso de armas de fuego o blanca. Mientras que las mujeres entre los rangos de 15 a 40 años son las que más intentan atentar contra su vida pero que menos logran su objetivo.
Tres años después de la pandemia del covid-19, especialistas reafirman que estos son los padecimientos más frecuentes en sus consultorios, ya sean públicos o privados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en 2020 sobre esta situación.
La psiquiatra Karla Aguilar respalda con su experiencia los datos institucionales, pero la profesional afirma que los pensamientos e intentos suicidas son muchos más que los suicidios perpetrados, especialmente por las mujeres, que son la población que más busca ayuda al sufrir un decaimiento en la salud mental.
Aguilar, quien es jefa del área de psiquiatría del Hospital Militar e integrante de la Asociación de Psiquiatras de El Salvador, afirmó que puede ser difícil identificar cuando la salud mental ha sido afectada, pero puede reflejarse cuando un malestar emocional altera áreas de la vida cotidiana y social de las personas.
Las causas más frecuentes que llevan a una persona a cometer suicidio están relacionadas con el alcoholismo, la depresión u otra enfermedad psiquiátrica. Las situaciones de conflictos con parejas, todos los tipos de violencia y problemas financieros son otras de las causas.
Un profesional de salud que se desenvuelve en el área de emergencia psiquiátrica, en uno de los centros de salud mental del Área Metropolitana, respaldó que los suicidios sí son un índice que muestra el decaimiento de salud mental: “En emergencias a diario hay uno o dos casos de intentos de suicidio, recientemente antes de vacaciones de Semana Santa en un día ingresamos a cinco personas que llegaron por intento de suicidio”, comentó.
Para el profesional, que aceptó ser consultado sin que se publicara su nombre, explicó que la situación es alarmante y aunque dentro del sistema de salud (que abarca tanto al ISSS, como al Ministerio de Salud) sí se ha activado una alarma de emergencia por el aumento de consultas psiquiátricas e ingreso de pacientes por intentos de suicidio, públicamente no se habla de esto.
“Tampoco hay una iniciativa de refuerzo de personal en esta área, pese a que desde hace un año hemos entregado cartas solicitándolo”, dijo el profesional.
Él dice que el personal debe ser reforzado, pues atender a un paciente psiquiátrico no es igual que atender a una persona con dolor de estómago o gripe.
“Cuando se desesperan por no ser atendidos a veces gritan, e incluso atentan contra nosotros, nos tiran los papeles de citas a la cara”, relató el trabajador, quien asegura que cada consulta puede extenderse hasta 45 minutos si es necesario y eso provoca que la atención, con pocos consultorios y psiquiatras, se acumule de pacientes.
Según el trabajador de salud, en este hospital, previo a la pandemia, había un promedio de 17 a 24 pacientes de consultas en 24 horas; ahora atienden a 60 personas en ese mismo rango de tiempo, para atender consultas externas, sin contar especializaciones ni emergencias; para este sector de pacientes hay 8 psicólogos y 8 psiquiatras.
“No sé porque no se ha hecho énfasis en mejorar esta área”, opinó.
El testimonio del profesional de salud es respaldado por cifras de consultas brindadas por el ISSS, ya que de 67,392 consultas registradas en 2019, se pasó en 2022 a un registro de 76,599 consultas, es decir 9,207 más, las cuales en la mayoría de casos son mujeres. Las consultas fueron dadas tanto por psiquiatras como por psicólogos del ISSS.
Según datos ofrecidos por la Oficina de Información del ISSS, existen 55 psiquiatras y 50 psicólogos activos a nivel nacional para atender a los derechohabientes, siendo San Salvador el departamento con más recursos.
Mientras que Cuscatlán, Sonsonate, Usulután, Ahuachapán, Cabañas y La Unión son los departamentos menos beneficiados, pues sólo poseen un psicólogo y un psiquiatra.
En el caso de La Unión, recientemente los pacientes de consulta externa del ISSS denunciaron que no tienen ni psicólogo ni psiquiatra que los atienda.
La consulta privada no está exenta de la saturación de casos; la doctora Aguilar, quien también ofrece consultas en el Centro de Adicciones, dijo que pese a que no hay cifras concretas recolectadas por la Asociación de Psiquiatría que demuestren la situación, sustancialmente fueron saturados por personas buscando asistencia.
La urgencia de atender la salud mental
Pese que dentro del sistema de salud se habla de una alerta de emergencia por los casos que llegan día a día a hospitales y unidades de salud del ISSS o el ministerio; las acciones no parecen ir al mismo ritmo que las necesidades de los pacientes.
En las memorias de labores de los últimos años del Ministerio de Salud se destaca que en el periodo 2021- 2022 hubo una juramentación de la Comisión de Salud Mental, coordinada desde el MINSAL, el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y otros.
Dicha comisión elaboró el Plan Nacional de Salud Mental 2021-2024, en el que consideraron trabajar en el autocuido de la salud mental, la prevención del suicidio y el manejo del trauma para el control de las emociones, entre otros.
En la misma memoria de labores se habla de la realización de congresos de salud mental, foros de psiquiatras y teleconferencias; sin embargo, los avances en los proyectos, frecuentemente, son poco o no son perceptibles entre quienes necesitan la atención médica especializada.
Según la Ley de Salud Mental vigente desde 2018, en su Artículo 2, “el ISSS, establecimientos de salud privados, las instituciones relacionadas indirectamente con la salud mental, y las personas naturales; además el núcleo familiar, el representante o responsable de la persona deben proteger la salud mental de las personas”.
Sin embargo, en lugares como en el departamento de La Unión este derecho se ve violentado, pues en la Unidad Médica del ISSS no hay ni psicólogo ni psiquiatra y se les ha solicitado a los pacientes que viajen hasta San Miguel para ser atendidos.
En un vistazo internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sitio web, expone que el gasto en los servicios de salud mental ronda entre el 0,2% y el 8,6%, mientras que el gasto promedio es del 2,0%, a pesar de que el 19% del total de años de vida ajustados en función por la discapacidad (AVAD) se asocia con trastornos mentales, neurológicos, por el uso de sustancias y el suicidio.
En El Salvador se desconoce cuánto es el monto que el gobierno designa a esta área, pues en las memorias de labores del gobierno actual no se reflejan inversiones en programas del caso y se limita a publicar el costo de proyectos de infraestructura.
El debate político sobre la salud mental
En la Asamblea Legislativa, la diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha propuesto en dos ocasiones reformas a la Ley de salud mental.
La primera, en marzo de 2022, pidió reformas al artículo 17 del documento para implementar una mejora y ampliación del servicio, crear línea telefónica de ayuda, además de articular un censo que determine cuál es la población más afectada, pero en esa ocasión solo logró el envío al archivo del documento.
El pasado 9 de marzo, la doctora Xochitl Sandoval, presidenta del Instituto Nacional de Salud (INS), presentó en el auditorio del Museo de Antropología los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental.
En esa ocasión, Sandoval destacó que “entre las acciones implementadas junto al MINSAL se encuentran: cinco telecentros para la atención psicológica a escala nacional; teleclínicas para la capacitación del personal así como campañas de prevención y fomento de la salud mental”, de acuerdo a publicación oficial.
En marzo, Villatoro realizó una segunda acción y propuso un decreto para la prevención del suicidio ante el aumento de casos, que según medios nacionales hicieron públicos. “Este tema es super importante que se tome en cuenta independientemente del partido que sea, la idea de la salud no debe ser de ninguna bandera, sino que debe ser algo que apoye a las necesidades que la gente está pasando en estos momentos”, expresó Villatoro en una entrevista realizada ese mes.
Los casos de suicidios durante 2022 y 2023 han salido a luz, a través de redes sociales y medios de comunicación, con más frecuencia, pero las instituciones públicas son escuetas al dar información sobre datos y registros.
Del ISSS se ha expuesto que creó la línea “Te escucho” de atención psicológica y psiquiátrica que atiende 24 horas los 7 días de la semana, la cual hasta la fecha, según datos brindados por el ISSS, ha recibido 3,376 consultas desde su creación en abril de 2021 hasta diciembre de 2022.
Para contrastar las cifras ofrecidas por las oficinas de información de IML e ISSS, se gestionó entrevistas con el doctor Francisco Araniva, jefe de psiquiatría y salud mental del ISSS; y con la doctora Patricia Aparicio Coto, directora del Hospital Policlínico Arce. También con la doctora Xochitl Sandoval del INS y con la Junta de Vigilancia de Profesionales de Psicología, pero ninguna de las oficinas de comunicación institucional colaboró con la gestión.