La principal alianza opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió este jueves que el coordinador nacional del partido político Convergencia, Biagio Pilieri, detenido el miércoles al término de una protesta en Caracas, sea liberado "de inmediato", al tiempo que responsabilizó al Ejecutivo de "cualquier cosa que pueda ocurrirle".
"El régimen se empeña en seguir con la represión contra líderes democráticos. Exigimos que nuestro compañero Biagio Pilieri sea puesto en libertad de inmediato y responsabilizamos al régimen de cualquier cosa que pueda ocurrirle", escribió la PUD en la red social X.
La coalición, que rechazó las "acciones de amedrentamiento y persecución, indicó que, a menos de 24 horas de la detención del exdiputado, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron su residencia, en el estado Yaracuy (oeste).
Convergencia denunció, en la misma red social, que a las 9:27 hora local (13:27 GMT) funcionarios del Sebin empezaron el allanamiento en la casa de Pilieri, sin ofrecer mayores detalles del operativo.
Igualmente, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre "la ola represiva desatada durante las últimas horas".
Pilieri fue detenido junto a su hijo Jesús, tras participar en una protesta en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, según denunciaron opositores en X.
El antichavismo sostuvo que el coordinador nacional de Convergencia fue capturado luego de que presuntamente dos vehículos y tres motos lo persiguieran por la capital venezolana.
El Comando con Venezuela -equipo de campaña del abanderado de la PUD, Edmundo González Urrutia,- aseguró que, según la última ubicación de su teléfono, Pilieri fue detenido y trasladado a la sede del Sebin, en Caracas, conocido como el Helicoide.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 25 personas fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.