El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades politécnicas más prestigiosas de Estados Unidos, ha hecho públicas sus quejas por varias «acciones del gobierno que interfieren en el normal funcionamiento» de la institución.
En un comunicado divulgado en las últimas horas por su presidenta, Sally Kornbluth, detallan que estas «interferencias» se han producido desde el pasado febrero, y han afectado tanto a la financiación federal como a la política de visados de sus estudiantes.
En el primer caso, señala que el Instituto Nacional de Salud introdujo en febrero «un corte repentino» del 15 % en los reembolsos de los gastos indirectos de investigación, lo que puso en riesgo cuestiones como el manejo de materiales peligrosos o su almacenamiento, y hasta la seguridad radiactiva. Aquello motivó una denuncia conjunta del MIT con otras instituciones educativas.
El pasado viernes, el Departamento de Energía también introdujo otro corte en la misma proporción, lo que pone en peligro el trabajo de unos mil investigadores.
En paralelo, desde el pasado 4 de abril nueve personas vinculadas al MIT -estudiantes, graduados recientes o doctorandos- han visto sus visados revocados, «sin que parezca haber explicaciones por parte del gobierno sobre esa revocación».
El comunicado no da detalles sobre las nueve personas afectadas, pero resalta que decisiones así «hacen más difícil que el talento extraordinario que se halla en el mundo venga a Estados Unidos, lo que dañará la competitividad y el liderazgo científico en los años próximos».
La presidenta del MIT no entra en cuestiones ideológicas como las que afectan a Columbia o a Harvard -ambas acusadas de tolerar conductas antisemitas o de promover la ‘discriminación positiva’-, pero sus quejas se inscriben dentro de lo que parece un intento del gobierno de Trump de yugular la autonomía universitaria y hacer que los centros educativos se plieguen a las exigencias de Washington.
