¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?”: de ganar el “sí”, el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe la extradición de ecuatorianos y ecuatorianas, será reformado en el gobierno de Guillermo Lasso, en un país donde 2022 fue el año con la tasa de homicidios más alta en la historia de Ecuador.
“No apunta al meollo del asunto”
La pregunta estrella del referéndum constitucional propuesto por el gobierno del presidente Lasso, y que se lleva a cabo este domingo, plantea pues permitir la extradición como el instrumento idóneo para combatir la delincuencia organizada en un país harto y temeroso de la violencia criminal.
“Es una batalla de corto plazo, pero no te permite ganar la guerra. Lo que hace que países como Colombia hayan triplicado su producción de drogas, a pesar de que en el año 90 se aplicó esa figura para la extradición, y esos delincuentes son llevados a la justicia estadounidense para obtener información de inteligencia que nutre la operación contra el narcotráfico”, explica el experto en seguridad Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
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Según él, esta estrategia no “apunta al meollo del asunto. El asunto en Ecuador es que esa figura se ha vendido como una gran estrategia contra la narcocriminalidad, que es la causante de la ola de violencia que estamos viendo ahora, que son cosas muy distintas. Porque lo que estamos viendo ahorita es una realidad criminal muy doméstica, que es extremadamente violenta, que tiene otros orígenes mucho más sociales, que tiene que ver con el tema de la justicia, la policía, las capacidades, las condiciones sociales... Yo creo que es una estrategia extremadamente marginal y hasta cierto punto cosmética. ¿Qué busca bajo la figura de la extradición? Generar adhesiones populistas para ganar votos en una asamblea que tiene un trasfondo político”.
Cambiar la institucionalidad
Para Juan Pablo Jaramillo, experto en política comparada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la extradición de personas vinculadas al crimen organizado está siendo utilizada como una pregunta gancho para inducir al “Sí” a las otras preguntas del referendo que cambian la institucionalidad de Ecuador.
“En la pregunta dos, ellos tildan como autonomía de la Fiscalía, pero en realidad no es una autonomía, es darle la facultad de que la Fiscalía no rinda cuentas a nadie y que ya no tiene el típico control cruzado que es tan propio del esquema democrático. Otras dos preguntas que son las preguntas ligadas con todo el esquema de cómo se nombran 78 autoridades de control que eran nombradas por un ente ciudadano de elección popular. Se plantea que ya no sea este ente llamado Consejo de Participación Ciudadana, sino que sea la Asamblea Nacional quien lo hace. Y lo grave de esto es que en el Ecuador desde el 2018 ya nos preguntaron sobre esto y se nombraron unas autoridades momentáneas. Lo que estaría buscando es justamente extender casi dos años el periodo de estas autoridades que no tienen una legitimidad como tal”, comenta Jaramillo.
“Y finalmente, se plantea reducir el número de asambleístas provinciales, mientras que al mismo tiempo se plantea, en cambio, que los asambleístas de corte nacional, que se escogen en un voto cerrado por un partido, pasan de 15 a 36 asambleístas. Entonces, por una parte, se centraliza el país en las grandes ciudades -Quito, Guayaquil- y por otra parte, se le quita poder a las provincias pequeñas y pobres.
La extradición de ecuatorianos está prohibida constitucionalmente en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.