Recientes asesinatos de un alcalde y un aspirante a asambleísta, intimidaciones contra un candidato presidencial, otros homicidios y una masacre carcelaria que dejó más de una decena de muertos atizan el clima de inseguridad.
En 2022 los asesinatos casi se duplicaron con respecto al año anterior, 25 por cada 100.000 habitantes, y para 2023 pasaría a una tasa de hasta 40, según proyecciones de expertos.
Con salida al Pacífico y ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador ha incautado unas 530 toneladas de drogas desde 2021, cuando asumió el mandatario Guillermo Lasso.
El derechista disolvió en mayo la opositora Asamblea Nacional, en medio de un juicio político que enfrentaba por supuesta corrupción.
La medida puso fin a la crisis institucional y dio paso a comicios generales anticipados el 20 de agosto, con eventual segunda vuelta el 15 de octubre. Pese a estar habilitado, Lasso decidió no buscar su reelección.
“Son elecciones atípicas porque se producen en un contexto de alta zozobra producto del crimen organizado”, dice a la AFP Santiago Cahuasquí, politólogo de la Universidad Internacional SEK.
Una treintena de candidatos, incluidos seis de los ocho presidenciables, tienen resguardo policial, de acuerdo con el Consejo Electoral. La mayoría de los protegidos está en la costera provincia de Los Ríos (sur), donde rige un nuevo estado de excepción desde la semana anterior.
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Caldo de cultivo
Sin excepción, los candidatos han convertido la seguridad en eje de campaña.
Lideran las intenciones de voto la abogada Luisa González (26,6%), única mujer en liza y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), el periodista Fernando Villavicencio (centro, 13,2%), el abogado indígena Yaku Pérez (izquierda, 12,5%) y el economista y exvicepresidente Otto Sonnenholzner (derecha, 7,5%), según una reciente encuesta de Cedatos.
Las propuestas sobre seguridad son variadas: construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía, colocar inhibidores de señales de telecomunicaciones en las penitenciarías, equipar a policías y militares o impulsar reformas legales para endurecer sanciones.
“Esta ola de violencia genera el caldo de cultivo perfecto para populismos seguritistas. Por eso, la campaña tiene como punta de lanza temas relacionados con seguridad, y todos o la mayoría de candidatos hablan de una estrategia de mano dura como única solución”, comenta a la AFP la experta en seguridad Carla Álvarez.
Lasso ha intentado lidiar con la violencia en calles y cárceles a través de numerosos estados de excepción, que le permiten movilizar a militares.