Un juez federal de Estados Unidos ha emitido un fallo contundente contra la administración de Donald Trump, ordenando el regreso inmediato de Kilmar Armando Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado ilegalmente a El Salvador a pesar de contar con una orden judicial que le otorgaba protección contra su deportación a ese país.
La decisión, tomada por la jueza Paula Xinis este viernes 4 de abril, establece que las autoridades tienen hasta la medianoche del lunes 7 de abril para llevar a Abrego García de vuelta a territorio estadounidense.
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El caso de Abrego García ha generado una fuerte controversia en medio de las políticas migratorias agresivas impulsadas por la administración Trump.
Según reportes, el hombre, quien vivía en Maryland junto a su esposa ciudadana estadounidense y su hijo, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) .
La jueza Xinis, durante una audiencia extraordinaria, señaló que la deportación de Abrego García fue un acto ilegal, afirmando: “Esto fue un acto ilegal. El Congreso dijo que no podían hacerlo, y lo hicieron de todos modos”. Según documentos judiciales, en 2019 un juez de inmigración había determinado que Abrego García era removible de Estados Unidos, pero le otorgó una "retención de remoción", lo que prohibía específicamente su deportación a El Salvador. A pesar de esta protección legal, el gobierno lo incluyó en uno de los tres vuelos de deportación masiva realizados el mes pasado, dirigidos a más de 300 hombres acusados de pertenecer a pandillas como MS-13 y Tren de Aragua.
La esposa de Abrego García, ciudadana estadounidense, expresó su temor por la seguridad de su esposo en la mega-prisión salvadoreña, describiéndolo como “un padre increíble” y asegurando que “no es un criminal”. Su identificación en fotos publicadas por el gobierno salvadoreño confirmó su traslado a CECOT, un lugar donde, según el ministro de justicia de El Salvador, los prisioneros “nunca regresarán a sus comunidades”.
La posición de Trump
El gobierno de Trump, a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha defendido la deportación, alegando vínculos de Abrego García con MS-13, una acusación que sus abogados han refutado. Sin embargo, el Departamento de Justicia admitió que la deportación fue un “error administrativo” y argumentó que no pueden hacer nada porque ahora está bajo custodia de otro país.
Este reconocimiento no ha sido suficiente para la jueza Xinis, quien ha puesto a prueba la disposición de la administración Trump a cumplir con las órdenes judiciales, lo que podría derivar en un enfrentamiento directo entre el poder judicial y el Ejecutivo.
Organizaciones como la ACLU han advertido que las políticas migratorias de Trump, que incluyen intentos de usar leyes como la Ley de Insurrección para justificar deportaciones masivas, podrían tener consecuencias graves, erosionando la separación entre asuntos civiles y militares.
Mientras tanto, el destino de Kilmar Abrego García sigue en el limbo, a la espera de que se cumpla el plazo establecido por la jueza Xinis, en un caso que pone en el centro del debate las tensiones entre la legalidad, los derechos humanos y las políticas migratorias en Estados Unidos.
Esta nota ha sido elaborada con asistencia de IA.