El presidente estadounidense Donald Trump pidió que la Corte Suprema intervenga contra los jueces que bloquean su agenda, como el magistrado a cargo de los vuelos de venezolanos expulsados a El Salvador.
«Si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes INMEDIATAMENTE, ¡nuestro país tendrá problemas serios!», escribió el mandatario en su plataforma Truth Social en referencia al presidente del tribunal John Roberts.
«Estos jueces quieren asumir los poderes de la presidencia sin necesidad de obtener 80 millones de votos. Quieren todas las ventajas sin ningún riesgo», sostuvo.
El juez federal de Washington James Boasberg ordenó el sábado suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Pero varios vuelos con migrantes, muchos de ellos expulsados en aplicación de esa ley, aterrizaron en El Salvador, lo que llevó al magistrado a pedir explicaciones a la administración Trump.
«Insuficiente»
En un escrito publicado este jueves, el juez estima que el gobierno presentó sus alegatos «poco después de la fecha límite» del jueves al mediodía y además «volvió a eludir sus obligaciones» al no proporcionar la información que le pide. «Esto es lamentablemente insuficiente», afirmó.
El magistrado designado por el expresidente demócrata Barack Obama quiere saber a qué hora partieron los aviones, desde dónde y cuándo abandonaron el espacio aéreo estadounidense, entre otras cosas.
El gobierno estadounidense asegura haber cumplido la orden desde el momento en el que el juez la puso por escrito y sopesa la posibilidad de invocar del derecho al secreto de estado.
Este jueves, el juez ha pedido a los funcionarios de la administración que el viernes presenten «una declaración jurada de una persona directamente involucrada en las discusiones a nivel del gabinete» sobre si se acogen al privilegio del secreto de estado.
Y para el martes deben decirle si invocan el secreto de estado y especificar qué les hace pensar que no traer de vuelta a los «miembros del grupo expulsados de Estados Unidos en los dos primeros aviones que despegaron el 15 de marzo» no quebranta su orden de suspensión temporal.
«Lunático»
Esta semana el presidente Trump llamó al juez Boasberg «lunático de la izquierda radical» y pidió que lo destituyan, un llamado que hizo reaccionar al presidente de la Corte Suprema.
«Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial», afirmó Roberts.
Pero Trump no da su brazo a torcer.
«Estos lunáticos no se preocupan en absoluto por las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos. Los abogados buscan sin cesar a estos jueces en Estados Unidos y presentan demandas en cuanto los encuentran», escribió este jueves.
«Es necesario permitir que un presidente actúe con rapidez y determinación en asuntos como el regreso de asesinos, narcotraficantes, violadores y otros criminales a su patria o a otros lugares que garanticen la seguridad de nuestro país», añadió.
Trump suele equiparar a los migrantes con delincuentes, sin aportar pruebas. Los datos oficiales muestran una caída de la criminalidad en el país a pesar de un aumento de extranjeros.
La Casa Blanca acusó este miércoles al «régimen hostil» del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a Estados Unidos a miembros del Tren de Aragua, que califica de «terroristas».
Muchas de las decisiones tomadas por el presidente republicano desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, incluidas las relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y la presencia de personas transgénero en el ejército, han sido impugnadas en los tribunales y a menudo suspendidas por jueces que creen que Trump se extralimita.
Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.
Tres de ellos fueron nombrados por el propio Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).
Fotografía de archivo del empresario estadounidense y empleado especial del Gobierno de Estados Unidos, Elon Musk, hablando con los medios en la Casa Blanca. EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL
Jueza veta a Musk y al DOGE el acceso a datos personales de la Seguridad Social en EE.UU.
Una jueza federal vetó temporalmente a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -del que el magnate está al frente- el acceso a la información personal de los estadounidenses en los sistemas de la administración de la Seguridad Social.
La magistrada Ellen Lipton Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, solicitó a los empleados del DOGE eliminar cualquier información personal identificable que tengan y que no haya sido anonimizada.
La jueza también les prohibió instalar software en dispositivos de la Seguridad Social y les ordenó eliminar cualquier soporte tecnológico que hubieran instalado desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump el pasado 20 de enero.
La orden está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE del acceso sin restricciones a dichos registros de millones de estadounidenses.
Pesca de datos en Seguridad Social
La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.
Los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA).
En opinión de los peticionarios, personal sin la formación adecuada había tenido acceso a datos altamente sensibles.
La magistrada considera que la población estadounidense bien podría aplaudir y apoyar la misión del Ejecutivo de erradicar el fraude y el despilfarro en las agencias federales -en la medida en que este exista-, pero se pregunta con qué métodos.
«El equipo del DOGE está esencialmente involucrado en una expedición de pesca en la Seguridad Social en busca de una epidemia de fraude, basándose en poco más que una sospecha. Ha iniciado la búsqueda de la proverbial aguja en el pajar, sin tener ningún conocimiento concreto de que la aguja esté realmente», dijo la jueza.
Lipton Hollander consideró que es probable que los demandantes tengan éxito en su argumentación de que la acción emprendida es «arbitraria y caprichosa» y por ello emitió una orden de restricción temporal.