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Trump ordena congelar gastos federales, pero jueza bloquea temporalmente la medida

Funcionarios federales estadounidenses, unos 3 millones en todo el país, se sienten en «estado de sitio» tras una catarata de medidas del nuevo mandatario que les afecta, incluyendo que dejen sus empleos a cambio de ser indemnizados.

Por EFE/AFP | Ene 28, 2025- 18:23

Desde 2016, el gobierno de los Estados Unidos sanciona a personas alrededor del mundo que violan derechos humanos. Foto EDH / AFP

La Casa Blanca pidió a todas las secretarías de Estado y agencias federales que congelen una parte de los gastos de «asistencia» para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las «prioridades del Presidente», una decisión que pone en riesgo el acceso a la cobertura médica de muchos estadounidenses de bajos ingresos.

Pero una juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente de congelar de forma inmediata todas las ayudas y préstamos federales a partir de este martes, una medida que podría afectar a programas esenciales de educación y sanidad de los que dependen millones de estadounidenses.

Según la cadena CNBC News, la jueza apuntó en una audiencia efectuada por Zoom que su suspensión administrativa expiraría a las 17.00 del 3 de febrero a menos que decida otorgar una orden de restricción temporal, tal y como lo habían solicitado este martes organizaciones demandantes.

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En principio se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un «análisis completo», según un documento al que accedió la AFP.

La congelación también afecta a fondos destinados a la ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales, entre otras partidas.

La suspensión de los programas "dará tiempo a la administración para revisar programas y determinar el mejor uso de fondos para las iniciativas que sean consistentes con la ley y las prioridades del Presidente», señala el documento.

Se trata de «una medida muy responsable», sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a reporteros en Washington.

La orden de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, una semana después de la asunción de Trump, amenaza con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas.

Están afectados los programas vinculados a la transición energética y los previstos para zonas afectadas por catástrofes naturales.

La decisión sigue a una similar que también congeló partidas de ayuda exterior.

Esta medida no afecta los fondos que llegan a los estadounidenses a través del sistema de seguro médico para los jubilados Medicare, por ejemplo.

Sin embargo, los portales en línea utilizados para acceder al programa de seguro médico Medicaid, destinado a familias de bajos ingresos, han sido bloqueados, denunció en X el senador por Oregon, Ron Wyden. 

«Mi personal ha confirmado (…) que los portales de Medicaid están inactivos en los 50 estados después del congelamiento de fondos federales de anoche», afirmó. «Este es un intento flagrante de quitarle el seguro médico a millones de estadounidenses de la noche a la mañana y provocará la muerte de personas», añadió. 

La Casa Blanca aseguró minutos después que el acceso a este seguro para personas de bajos ingresos se restablecerá «pronto».

La fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel, abrió una investigación para «proteger estos programas y reactivar servicios vitales», anunció en X.

Varias ONG y grupos empresariales presentaron una querella el martes contra la Oficina de Presupuesto del gobierno para intentar bloquear la orden de Trump.

Recortar el Estado

Trump ganó las elecciones con promesas de desmantelar amplios sectores del gobierno con el fin de recortar gasto público. Dejó claro que pretende revisar todos los programas federales en función de sus objetivos políticos.

El memo publicado la noche del lunes señala la voluntad del gobierno de «eliminar el peso financiero de la inflación sobre los ciudadanos, terminar con las políticas ‘woke’ (progresistas) y la instrumentalización del Estado».

«El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump y le dio un mandato para aumentar el impacto de cada dólar de gasto federal. En 2024, sobre un total de casi 10 billones de dólares de gastos federales, 3 billones estaban ligados a asistencia financiera, préstamos y donaciones», insiste en el documento el director interino de la Oficina de Presupuesto (OMB), Matthew Vaeth, autor del documento.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un órgano no partidario, estimó en 6,75 billones de dólares el presupuesto del Estado federal en 2024.

No está claro si el presidente tiene la autoridad de detener gastos aprobados por el Congreso que, según la Constitución, tiene poder sobre el presupuesto.

Los demócratas acusaron inmediatamente a Trump de «desobedecer abiertamente la ley» al retener fondos que sostienen programas de asistencia en todo el país.

El jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Congreso votó estos gastos y «no son una opción» sino que su ejecución es una obligación legal.

Schumer declaró a reporteros que la decisión de Trump es una «puñalada al corazón de las familias estadounidenses» y que además es «ilegal» e «inconstitucional». «El presidente no tiene la autoridad para ignorar la ley y vamos a luchar contra esto de todas las formas posibles», remató.

El congelamiento de ayuda exterior, en tanto, golpeó por ejemplo a Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que deberán determinar qué proyectos «son críticos y necesitan soluciones ahora» para solventarlos con las «finanzas públicas».

Incertidumbre entre empleados federales

Los funcionarios federales estadounidenses, unos tres millones en todo el país, se sienten en «estado de sitio» tras una catarata de medidas del nuevo mandatario que les afecta, incluyendo que dejen sus empleos a cambio de ser indemnizados.

«La gente llora en las oficinas de sus supervisores, preguntándose qué va a pasar con sus empleos», describe una funcionaria del Departamento de Interior que trabaja a distancia el 100% desde el oeste del país.

«Ya estábamos angustiados y temerosos sobre lo que vendría» pero «cuando los decretos empezaron a salir, nos dijimos: ‘¡Guau! Esto es mucho peor de lo que imaginábamos», resumió.

Como esta mujer, quienes aceptan hablar con la AFP toman precauciones. No dan nombres y apenas hay alguna referencia a su dependencia y región. Hablan siempre y cuando no se les identifique, algunos incluso a través de sistemas encriptados de mensajes. Muchos prefieren no expresarse.

«Es bastante sintomático del ambiente que hay», dijo un funcionario de otro departamento que también está en teletrabajo.

«La gente comenzó a usar sus teléfonos personales porque les preocupa ser vigilados de alguna forma. Es una locura», añade la primera empleada.

Durante la campaña electoral, Trump había prometido confiar al multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo convertido en un cercano colaborador, la dirección de un «departamento de eficiencia gubernamental» destinado a reestructurar la administración pública federal y recortar el gasto del Estado.

«Denunciar colegas»

Desde su regreso al poder la semana pasada, el mandatario republicano firmó una serie de decretos que tienen a los funcionarios federales como blanco: desmantelamiento de políticas prodiversidad, igualdad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) y vacaciones compulsivas antes del despido en 60 días para quienes se ocupan de esos programas; congelamiento de contrataciones, final del teletrabajo e incluso disposiciones desfavorables para alentar carreras administrativas.

«En general, uno se siente en estado de sitio», señaló el funcionario que teletrabaja a algunas horas de Washington. «Todos están tristes» esperando el «impacto. Hay mucha incertidumbre, y eso está llevando a mucha ansiedad», describió.

«Todos nos agarramos a la más mínima información», explicó una joven empleada de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA). «Muchos rumores circulan en los pasillos, todo el mundo se reúne para hablar de lo que escuchó de su superior, y da informaciones diferentes… Nos preocupan los recortes de presupuesto», indicó.

Todos recibieron un correo oficial que les pide explícitamente denunciar a cualquiera que disimule actividades vinculadas a los programas de diversidad, uno de los blancos prioritarios de Trump.

En un mensaje al que tuvo acceso la AFP, a los empleados de una agencia basada en Washington se les pide «señalar todos los hechos y circunstancias» en este sentido.

«Nos piden denunciar a nuestros colegas», se alarma la mujer que teletrabaja desde el oeste del país.

Sin contemplaciones

«He trabajado en el sector público federal desde 2014 y nunca vi un correo tan poco profesional y agresivo», describió el hombre que trabaja cerca de Washington.

«Tenemos la sensación de que ya no toma recaudos: lanza sus peores iniciativas», dijo sobre el millonario republicano y sus publicitadas medidas.

«Todos desconfían y están preocupados sobre cómo manejar las consecuencias en cascada de estas decisiones. Toda esta angustia impide que las personas hagan el trabajo por el cual les pagan», se lamenta un funcionario de años en el Departamento de Comercio.

Todos comparten un sentimiento: que Donald Trump y su entorno quieren «volver el gobierno tan ineficiente como aseguran que es», resume uno de ellos.

«Es, literalmente: ‘Yo, como patrón, voy a incendiar todo'», añade otro.

Pero… ¿esto desalienta a los trabajadores del sector público federal?

«De alguna manera, refuerza mi determinación. No voy a dejarme intimidar», afirma el funcionario que teletrabaja en la costa este.

«La mitad quiere mantener la cabeza en alto. ‘Sé lo que tratan de hacer y no les dejaré ganar’. Y la otra mitad cree que esto es brutal», describe la empleada del Departamento de Interior.

El gobierno federal emplea a unos tres millones de personas según la Oficina estadounidense de Estadísticas Laborales. La cifra se mantiene relativamente estable desde los años 1970.

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