Nada estará claro hasta el 11 de julio próximo, cuando el juez Juan Merchan pronuncie su sentencia y defina la pena contra Donald Trump tras haber sido condenado por un tribunal ciudadano, la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es declarado culpable en un juicio criminal.
Trump fue hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar los pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels con el fin de que no hiciera público un supuesto encuentro sexual. Los pagos se hicieron a través de su entonces abogado Michael Cohen, quien fue testigo clave de la Fiscalía en este juicio.
Este el primero de cuatro juicios penales -dos estatales y dos federales- que Trump tiene pendientes. Otro caso estatal se refiere a supuestos intentos de anular su derrota en Georgia en las elecciones presidenciales de 2020; a nivel federal, se le acusa de haber impulsado a sabiendas mentiras sobre fraude electoral en 2020 y de haber retenido ilegalmente documentos clasificados del Gobierno cuando dejó la Casa Blanca.
Es incierto qué pasará si persiste en su candidatura e incluso si llega a ganar.
Cualquiera sea el desenlace de esos juicios, Trump podrá presentarse a las elecciones presidenciales. La Constitución de EE.UU. sólo establece tres requisitos para aspirar al cargo: ser ciudadano natural de Estados Unidos, tener al menos 35 años y haber residido en el país 14 años, como mínimo. En ninguna parte dice que un convicto no pueda ser candidato o presidente.
Desde el punto de vista legal, Trump seguiría siendo elegible, aunque se encontrara en la cárcel. Pero un presidente elegido mientras está en prisión presentaría un desafío logístico.
Desde el punto de vista legal, Trump seguiría siendo elegible, aunque se encontrara en la cárcel. Pero, por supuesto, un presidente elegido mientras está en prisión presentaría un desafío logístico.
El delito en este caso
Pagar dinero por silencio no es un delito, pero los fiscales alegaron que Trump falsificó intencionalmente documentos para ocultar su pago a su abogado David Cohen bajo la apariencia de un anticipo por servicios legales con el objetivo de ocultar información a los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016.
En el juicio se planteó que Trump no solo “falsificó los registros comerciales de una empresa” mientras actuaba “con intención de defraudar”, pero también que la “intención de defraudar incluye la intención de cometer otro delito o de ayudar u ocultar su comisión”.
Los fiscales alegaron que el delito subyacente fue intentar influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016.
Otro proceso por asalto al Capitolio
La Sección 3 de la 14ª Enmienda a la Constitución de EE.UU. establece que las personas que "participen en insurrección o rebelión" después de prestar juramento a la Constitución quedan inhabilitadas para ocupar "cualquier cargo, civil o militar, en Estados Unidos". Quienes quieren que Trump sea descalificado por esta causal afirman que sus actos previos al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 constituyen participación en una insurrección, sobre todo alentar a la turba a atacar.
Ha habido intentos de aplicar esta enmienda a Trump, pero en marzo de 2024, el Tribunal Supremo echó por tierra uno de ellos en Colorado, afirmando que los estados no tienen autoridad para prohibir a las personas presentarse a cargos federales. La "responsabilidad de hacer cumplir la Sección en el caso de los titulares de cargos federales y candidatos a ellos, corresponde al Congreso", indicó el Tribunal Supremo, abortando así intentos similares en otros estados.
Pero el Congreso está dividido, por lo que parece muy poco probable que Trump sea inhabilitado en virtud de la 14ª Enmienda.