La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de nueve opositores y críticos con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que se encuentran privados de libertad, informó este miércoles la organización Unidad de Defensa Jurídica (UDC).

Los beneficiados son Alberto José Centeno Ruiz, Eduhbin Sebastián Bermúdez Sevilla, Julio José García Guevara, Marcos Antonio Sánchez Hidalgo, Lester Antonio Solís Paniagua, Edgardo Antonio Cárcamo Díaz, Isaías Javier Ruiz, Misael de Jesús Escorcia Rugama y Maycol Jhon Herrera Gutiérrez, que forman parte de los 141 opositores y críticos del Gobierno sandinista que guardan prisión en Nicaragua, y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.

De acuerdo con la UDC, la CIDH otorgó medidas cautelares a los nueve tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, "toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable".

Según la parte solicitante, las personas beneficiarias, quienes son identificadas o percibidas como opositoras políticas al actual Gobierno nicaragüense, se encontrarían privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios en condiciones inadecuadas de detención, sin recibir la atención médica necesaria y siendo objeto de agresiones.

Por su parte, el Estado no proporcionó información que permita determinar que los factores de riesgo identificados se hayan mitigado debidamente, explicó la CIDH en su resolución.

La CIDH pide al Estado proteger la vida de los detenidos

Para la CIDH, los nueve beneficiados se encuentran en una situación de riesgo irreparable y son susceptibles de estar expuestas a una mayor afectación de sus derechos, dada la condición de personas privadas de libertad, del estado de salud actual, la falta de acceso a atención médica adecuada, las condiciones de reclusión sumado a la violencia reportada desde su detención.

En base al artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias, y asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.

Entre ellos mencionó que se les garantice que no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones, o agresiones dentro de los centros penitenciarios; acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud.

Además que se les garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y abogados, y que se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención.

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.