Jueces federales en Nueva York y Texas bloquearon este miércoles la deportación de cinco venezolanos, bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, hasta que se diriman legalmente sus casos, informaron las cadenas Univisión y Telemundo.
Los hombres fueron identificados como pertenecientes a la banda Tren de Aragua, una afirmación que sus abogados disputan.
Tres de ellos están detenidos en una instalación en Texas, mientras que otros dos están en una instalación del condado Orange del estado de Nueva York. Un hombre en Texas es VIH positivo y teme no tener acceso a atención médica si es deportado.
El juez Fernando Rodríguez Jr. firmó una orden de restricción temporal en Texas, mientras que el juez Alvin K. Hellerstein dijo en una audiencia en Nueva York que planeaba firmar una orden de restricción temporal también para bloquear las expulsiones mientras los desafíos judiciales continúan.
Las acciones se produjeron después de que abogados de libertades civiles en Texas y Nueva York demandaran en defensa de los venezolanos.
Los hombres fueron señalados de ser la agrupación delictiva Tren de Aragua por atributos físicos utilizando la "Guía de Validación de Enemigos Extranjeros", en la cual un agente de inmigración suma puntos basándose en tatuajes, gestos de manos, símbolos, logotipos, grafitis y forma de vestir, según la ACLU. Expertos que estudian la banda han dicho a la ACLU que el método no es confiable, explicó Univisión.
El periódico The Washington Post informó que los tribunales recalcaron que los detenidos “tienen derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de impugnar su deportación. La única cuestión es qué tribunal resolverá esa impugnación”.
Los casos de la ACLU en Texas y Nueva York están más enfocados que la acción original en Washington y fueron presentados en nombre de migrantes alojados en esas jurisdicciones específicas.
Según el periódico, los abogados argumentan que el gobierno ha invocado indebidamente esta ley del siglo XVIII porque el país no está formalmente en guerra, y que varios de sus clientes no tienen vínculos con pandillas. También sostienen que los intentos del gobierno de enviar a los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como Cecot, violan leyes federales contra la persecución y la tortura.
Sus clientes “están en riesgo inminente de ser trasladados a El Salvador, donde potencialmente enfrentarán cadenas perpetuas en régimen de incomunicación en una de las prisiones más infames del mundo”, dijo la ACLU en su solicitud de medidas de emergencia el miércoles en Texas.
El juez federal Fernando Rodríguez Jr., nombrado por Trump durante su primer mandato, dijo el miércoles en su orden que deseaba preservar el statu quo mientras el caso se desarrolla. “Además, si Estados Unidos deportara erróneamente a un individuo a otro país en base a la Proclamación, existe una gran probabilidad de que no pueda ser devuelto a EE. UU.”, escribió, citando el caso de Kilmar Abrego García, un hombre deportado erróneamente el mes pasado a su país natal, El Salvador, donde actualmente está encarcelado. La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema que bloquee una orden judicial inferior que exige su repatriación.
Durante la audiencia del miércoles en Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein, designado por el expresidente Bill Clinton, evitó pronunciarse sobre la legalidad de la ley de tiempos de guerra, y optó por centrarse en las audiencias que determinarán si un migrante es realmente miembro de la pandilla venezolana. “No estoy preparado para tomar una gran decisión sobre la Ley de Enemigos Extranjeros”, dijo.
Los abogados del gobierno se opusieron a la orden temporal del juez durante esa audiencia. Afirmaron que aún estaban revisando la decisión de la Corte Suprema y que no podían precisar cuántos presuntos miembros de pandillas venezolanas estaban detenidos en Nueva York.
