Los planes de deportaciones masivas del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrían un efecto devastador para la economía del país, debido al peso que los trabajadores indocumentados tienen para industrias como la construcción, según estudios y expertos consultados por EFE.
La expulsión de las más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal es una de las ideas en las que Trump centró su campaña, estigmatizando a los migrantes indocumentados como "criminales" y asegurando que "envenenan" al país.
Además del millonario costo que le supondría al Gobierno y las dificultades técnicas para llevar a cabo esta labor, el país se enfrentaría a una recesión al perder a millones de trabajadores, según indicó un estudio de American Immigration Coalition.
Según la cadena CNN, la sola deportación masiva costaría al menos US$ 100.000 millones y tomaría unos 20 años, según cálculos de un grupo conservador en 2015. No obstante, hay expertos que aseguran que el costo económico sería aún mayor.
Cuando la periodista Kristen Welker, de NBC News, le preguntó sobre el costo que tendría su plan, Trump defendió: "No es una cuestión de costo. Realmente, no tenemos otra opción", pero pensando en que los migrantes "son criminales", como ha venido sosteniendo, y no que muchos son trabajadores que ayudan a sostener la economía de Estados Unidos.
Consecuencias económicas de deportaciones de Trump
El análisis señala que una implementación masiva de deportaciones podría provocar una caída del PIB anual entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que equivale a pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4,3 %.
El impacto negativo sería especialmente severo en California, Texas y Florida, estados que albergan casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y donde uno de cada veinte residentes podría ser deportado.
TAMBIÉN: ¿Cuál será la política exterior de Trump hacia América Latina y el Caribe?
Estos estados desempeñan roles económicos clave para el país y, al perder una parte significativa de su fuerza laboral, la economía local podría enfrentar un retroceso importante.
La industria de la construcción, que emplea a millones de trabajadores a nivel nacional, se encuentra entre los sectores más expuestos a estas pérdidas.
14 % de trabajadores de la construcción son indocumentados
Aproximadamente el 14% de los trabajadores en construcción son indocumentados, representando más de un millón de personas en todo el país, según un estudio de la organización Workers Defense.
En Texas, el gobernador Greg Abbott -aliado de Trump- ya ha dicho que colaborará con el Gobierno federal para los planes de deportación, señalando que el estado "ya tiene la infraestructura lista" para identificar, localizar y arrestar a las personas indocumentadas.
ADEMÁS: Trump dice que la seguridad en la frontera será prioridad
El sector de la construcción en Texas tiene un peso importante, generando 1 de cada 20 dólares dentro de esta industria en EE.UU. y depende en gran parte de los trabajadores indocumentados.
Según un estudio de la organización Workers Defense, más de un 50 % de los trabajadores de la construcción en el estado no tienen un estatus migratorio legal en EE.UU.
"Estaría disparándose a sí mismo"
Expulsar a todos estos trabajadores "devastaría" la industria, señaló a EFE Juan Carlos Cerda, director para Texas de la organización American Business Immigration Coalition.
"Si el estado decide colaborar, estaría disparándose a sí mismo. (…) haría que los proyectos se desaceleren y que los precios suban", indicó, "cuando se habla del milagro de Texas, de la construcción y las nuevas industrias emergiendo aquí, eso solo es posible gracias al trabajo de los residentes indocumentados".
Además del impacto económico, las deportaciones tendrían sobre todo repercusiones humanas: en Texas, unas 5,6 millones de personas viven en familias con "estatus mixto", donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense.
"Perder a los trabajadores inmigrantes en Texas no solo será perjudicial para la floreciente industria de la construcción, sino que también representará una gran pérdida para el tejido social de nuestro estado", subrayó Christine Bolaños, directora de comunicaciones de Workers Defense Project Texas.