California encabeza la resistencia contra la venidera administración de Donald Trump que pondrá a prueba el poder de los estados demócratas para batallar deportaciones masivas, defender derechos reproductivos y combatir el cambio climático.

La aplastante victoria de Trump se produjo tras sus promesas de deportar a millones de inmigrantes indocumentados y a reducir protecciones medioambientales.

Los críticos temen también que sus aliados se movilicen para restringir el acceso a los medicamentos abortivos. 

Pero bajo la Constitución federal de Estados Unidos, los estados tienen un poder significativo, y cualquier acción en este sentido podrá enfrentar procesos judiciales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, abogó en una rueda de prensa por «enfrentar los desafíos de una segunda administración de Trump, juntos». 

«Vivimos Trump 1.0. Sabemos de lo que es capaz», dijo Bonta. 

«No importa lo que el venidero gobierno tenga entre manos (…) continuaremos controlando las extralimitaciones y enfrentando el abuso de poder», prometió.

Los gobernadores y fiscales de otros estados liberales, como Nueva York, Illinois, Oregón y Washington esbozaron similares anuncios.

«Si tratan de herir a los neoyorquinos, o reducir sus derechos, pelearé en cada etapa del camino», prometió la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

«Si vienen por mi gente, me encontrarán a mí», dijo su par de Illinois, J.B. Pritzker.

Las conversaciones para coordinar estrategias entre fiscales del Partido Demócrata ya están en pie a nivel nacional.

Las acciones preventivas atrajeron la ira de Trump, quien apuntó sus dardos contra el gobernador de California, Gavin Newsom, este viernes. 

«Está usando la expresión ‘A prueba de Trump’ como una manera de detener todas las GRANDES cosas que se pueden hacer para que ‘California sea grande otra vez’, pero acabo de ganar de forma abrumadora la elección», escribió en una red social.

«Rápido como los caracoles»

Los planes de los estados liberales para enfrentar su agenda son una especie de ‘déjà vu’ para Trump, cuyos esfuerzos por rescindir las políticas de inmigración y salud de Barack Obama durante su primer mandato fueron repetidamente obstaculizados en los tribunales.

Los estados, junto con grupos de derechos civiles, pueden pedirle a jueces federales que emitan de forma inmediata órdenes regionales o nacionales para congelar políticas que puedan infringir la Constitución mientras se resuelven las demandas. 

Durante la anterior gestión de Trump, California presentó más de cien demandas en varias áreas, ralentizando o restringiendo sus políticas. 

Los republicanos imitaron la estrategia durante la administración de Joe Biden.

«Fue lo más exitoso posible», dijo Julian Zelezer, profesor de historia política de la Universidad de Princeton.

«Los estados, especialmente tan grandes como California, tienen el poder de resistir algunos de los cambios que vendrán de la administración para respetar las regulaciones climáticas y otras leyes, incluyendo las de derechos reproductivos». 

Una de las ventajas de recurrir a los litigios es que «los casos se mueven tan rápido como los caracoles», dijo Kevin Johnson, profesor de Derecho de la Universidad de California, en Davis.

«Algunos casos transitan por los tribunales de primera instancia, y hasta que lleguen a la Corte Suprema, hay un nuevo presidente», dijo a AFP. 

«Sin precedentes»

Se espera que la inmigración sea un punto conflictivo en la inminente batalla entre la Casa Blanca y los estados liberales. 

Los estados republicanos pueden colaborar con la gestión de Trump identificando y deteniendo a personas sin documentos. Pero los demócratas seguramente se recusarán.

Durante el primer gobierno de Trump, California fue el primero en declararse «estado santuario», y prohibió a sus policías de colaborar con agentes federales en el arresto de inmigrantes indocumentados.

Trump podría retener financiación federal a ciertos estados para ejercer presión. 

El republicano también planteó medidas más radicales, como la expansión masiva de las expulsiones expeditas para desalojar a personas indocumentadas sin audiencias judiciales, o con el uso de fuerzas militares.

Pero «habría de inmediato pedidos de medidas cautelares», vaticina Johnson. 

«Si envías a los militares a la frontera (con tal motivo), sería algo sin precedentes y levantaría todo tipo de cuestiones».

«Suma cero»

Uno de los inconvenientes para los estados es el enorme costo financiero que acarrearían las incontables batallas legales. 

«Es un juego de suma cero. Los presupuestos estatales son apretados, por lo que el dinero tendría que venir de otro lado», dijo Zelezer.

Dado que Trump conquistó la mayoría de los votos y aumentó su apoyo en algunos de los estados más demócratas, «tratar de repetir esto, podría ser un poco más difícil políticamente», dijo.

Pero los líderes de California se mostraron firmes esta semana en su decisión de oponerse a Trump.

«Como se dice a menudo, tal y como va California, así va la nación», dijo Bonta.

«En los días, meses y años por venir, todas las miradas apuntarán al oeste».