Vista exterior del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/Will Oliver
El Gobierno de Estados Unidos pidió este viernes al Tribunal Supremo que le permita implementar la ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para así poder deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador, por orden del presidente Donald Trump.
La Administración Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley dictado por el juez James Boasberg el pasado 15 de marzo.
La argumentación de la Administración es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para se resuelva en tribunales de menor instancia.
Trump defiende la deportación de venezolanos "en la lucha contra el Tren de Aragua"
El escrito del Gobierno señala que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.
El magnate neoyorquino ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país e invocó ese 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos, a los que las autoridades acusan de hacer parte del Tren de Aragua, que ahora están encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.
El pasado miércoles el tribunal federal de apelaciones mantuvo el bloqueo a la ley, en lo que supuso el penúltimo episodio de un caso que subraya el pulso que el Gobierno mantiene con los jueces que han bloqueado varias de sus iniciativas y a los que pide destituir, poniendo en duda la separación de poderes en EE.UU.