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Más jueces cuestionan legalidad de órdenes de Trump contra deportaciones exprés

La jueza Patricia Millet considera que la justicia no pone en duda la autoridad presidencial, sino que pide que los inmigrantes puedan defender sus casos ante un tribunal antes de ser deportados sin respetarles sus derechos.

Por AFP/EFE/Agencias | Mar 25, 2025- 20:39

Estados Unidos pagará $6 millones a El Salvador para albergar presuntos miembros del Tren de Aragua. Foto EDH/ Cortesía
Estados Unidos pagará $6 millones a El Salvador para albergar presuntos miembros del Tren de Aragua. Foto EDH/ Cortesía

Más jueces están cuestionando la legalidad y congelando órdenes emitidas por el gobierno de Donald Trump, entre ellas el envío de 238 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y la revocación de los programas de residencia y trabajo temporal TPS. 

Una de las juezas del tribunal de apelaciones que revisa el bloqueo de la ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU. consideró que el país trató mejor a nazis expulsados durante la II Guerra Mundial que a los casi 200 venezolanos deportados recientemente a El Salvador con base en dicha norma.

«Los nazis obtuvieron mejor trato bajo la LEE (ley de Enemigos Extranjeros)», aseveró Karen Henderson, una de los tres magistrados que integran el panel que debe pronunciarse sobre la apelación presentada por el Gobierno estadounidense contra el bloqueo temporal de la mencionada norma por parte de un juez federal, James Boasberg, del Distrito de Columbia.

"Deben respetarse derechos"

De igual manera se pronunció la jueza Patricia Millet, quien considera que la justicia no pone en duda la autoridad presidencial, sino que pide que los inmigrantes puedan defender sus casos ante un tribunal antes de ser deportados sin respetarles sus derechos.

Precisamente por este motivo desde el 15 de marzo, el juez Boasberg mantiene bloqueada la aplicación de dicha ley que posibilita de manera exprés las deportaciones, lo que ha llevado al Gobierno a apelarla y al propio Trump y a miembros de su Gobierno a pedir su destitución, poniendo en cuestión la separación de poderes en EE.UU.

A falta de que los tres jueces del tribunal se pronuncien sobre el recurso en los próximos días, Henderson consideró que el Gobierno no dio oportunidad a los venezolanos deportados de probar siquiera que no son miembros de la agrupación criminal Tren de Aragua y los «metió a toda prisa en aviones destinados a El Salvador». En ese sentido, indicó que la orden de bloqueo temporal de Boasberg parece tener sentido

«Si el Gobierno defiende esto, este sábado puede meterme a mí en un avión y expulsarme diciendo que soy del TdA», reflexionó.

El juez Justin Walker, designado por Trump, también sugirió la conveniencia de vistas judiciales, pero pareció receptivo a los argumentos de que la suspensión infringe los poderes presidenciales. 

"¿Vincula a todos los venezolanos con el Tren de Aragua?"

En San Francisco, el juez de distrito Edward M. Chen también cuestionó si Trump revocó el TPS de Venezuela al comparar a sus ciudadanos con el Tren de Aragua de manera generalizada y sobre si las razones para acabar el beneficio para los venezolanos incluían fallas en la extensión dada por el gobierno de Biden y un interés racial, informó la cadena Univisión.

"Me da la impresión de que no fueron decisiones basadas en una evaluación sobre las condiciones del país, basadas en relaciones exteriores, sino que parece que se vio el procedimiento de si el secretario (Alejandro) Mayorkas esencialmente causó confusión", dijo el juez Chen, al referirse a la orden del gobierno de Trump de revocar la extensión dada a los tepesianos por la administración de Joe Biden. En esa decisión del 10 de enero —días antes de la entrada de Trump a su segundo mandato— el secretario Alejandro Mayorkas permitió que los beneficiarios del TPS que entraron en 2021 y en 2023 —sin distinción— pudieran estar protegidos hasta el 2 de octubre de 2026.

Chen cuestionó a la abogada del gobierno por qué si creían que la designación de Mayorkas generaría confusión no separaban las fechas de designación del TPS y mantenía sus plazos, en lugar de revocar todo el beneficio y poner en riesgo de deportación a más de 500,000 personas.

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