El juez federal James Boasberg dijo que los cientos de venezolanos enviados a una megacárcel de El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros están expuestos a “torturas, palizas e incluso la muerte”.
El togado declaró que debe mantenerse el freno a las deportaciones de venezolanos a El Salvador, porque deben tener el derecho de impugnar ante una corte la acusación del gobierno federal, que los relaciona con la pandilla Tren de Aragua.
Un grupo de demandantes venezolanos afirmó que “cuando el gobierno los subió a los aviones hacia El Salvador, la mañana del 15 de marzo, no solo se les impidió solicitar protección legal, sino que tampoco se les informó a dónde los llevaban”.
“Cuando los detenidos preguntaron a los agentes a dónde los llevaban. Los agentes solo respondieron que no sabían y luego se rieron”, aseguraron.
El juez federal subrayó que en este contexto “los deportados tienen ‘alta probabilidad de enfrentar daños inmediatos e intencionales que pongan en peligro su vida a manos de agentes estatales’”. Además, mencionó que “el gobierno del país se ha jactado de que los reclusos de Cecot “nunca saldrán”; de hecho, una declarante experta alegó no tener conocimiento de ningún recluso que haya sido liberado”.
La corte también destacó las alarmantes condiciones en las que viven los reclusos en El Salvador: “rara vez se les permite salir de sus celdas, no tienen acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada. Duermen de pie debido al hacinamiento y se les mantiene en celdas donde no ven la luz del sol durante días”.
Un declarante también informó al juez que “si la prisión alcanzara su capacidad total, cada recluso tendría menos de 60 cm de espacio en celdas compartidas, lo cual es menos de la mitad del espacio requerido para el transporte de ganado de tamaño mediano según la legislación de Estados Unidos”
Boasberg señaló que “además de las precarias condiciones de vida, los reclusos salvadoreños, según las pruebas presentadas, a menudo son disciplinados mediante palizas y humillaciones. Un recluso afirmó que la policía golpeaba con porras a los recién llegados a la prisión. Cuando negó ser pandillero, lo enviaron a una celda oscura en un sótano con 320 detenidos, donde los guardias de la prisión y otros detenidos lo golpeaban a diario. En una ocasión, un guardia lo golpeó tan severamente que le rompió una costilla”.
A su vez, el escrito de la corte federal también hace mención de un recluso informó haber sido obligado a “arrodillarse en el suelo desnudo, mirando hacia abajo, durante cuatro horas frente a la puerta de la prisión”, y que “lo obligaron a sentarse en un barril de agua helada mientras lo interrogaban y luego le sumergieron la cabeza a la fuerza para que no pudiera respirar”.
Uno de los letrados que presentó la demanda colectiva contra la implementación de la ley de Enemigos Extranjeros ante la corte federal, Lee Gelert, aseguró ante el tribunal de apelación que el Gobierno está usando «un atajo» para lograr deportaciones sumarias de inmigrantes.
También indicó que lograrán demostrar eventualmente que todos «o al menos la mayoría» de los venezolanos enviados a El Salvador no son miembros de TdA y que este grupo criminal no tiene en realidad «una estructura jerárquica» y no ha activado una invasión de EE.UU. como defiende el Gobierno.
Otro juez cuestiona órdenes de Trump
El juez de distrito de San Francisco, Edward M. Chen, cuestionó al gobierno sobre si las razones para acabar el beneficio para los venezolanos incluían fallas en la extensión dada por el gobierno de Biden y un interés racial.
"Me da la impresión de que no fueron decisiones basadas en una evaluación sobre las condiciones del país, basadas en relaciones exteriores, sino que parece que se vio el procedimiento de si el secretario (Alejandro) Mayorkas esencialmente causó confusión", dijo el juez Chen, al referirse a la orden del gobierno de Trump de revocar la extensión dada a los tepesianos por la administración de Joe Biden. En esa decisión del 10 de enero —días antes de la entrada de Trump a su segundo mandato— el secretario Alejandro Mayorkas permitió que los beneficiarios del TPS que entraron en 2021 y en 2023 —sin distinción— pudieran estar protegidos hasta el 2 de octubre de 2026.
Chen cuestionó a la abogada del gobierno por qué si creían que la designación de Mayorkas generaría confusión no separaban las fechas de designación del TPS y mantenía sus plazos, en lugar de revocar todo el beneficio y poner en riesgo de deportación a más de 500,000 personas.
“Secreto de Estado”
La cadena CNN informó que altos funcionarios del Departamento de Justicia informaron al juez Boasberg que la administración de Trump invocará el privilegio de secretos de Estado para evitar proporcionarle información sobre los vuelos de deportación a El Salvador.
“El Tribunal tiene todos los hechos que necesita para abordar los problemas de cumplimiento ante él”, escribieron la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros altos funcionarios en un documento presentado al juez.
“Más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que el Tribunal carece de competencia para abordar”, alegaron.
“La información solicitada por el Tribunal está sujeta al privilegio de secretos de Estado porque su divulgación representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores”, agregaron.
“Si los aviones llevaban a un terrorista del Tren de Aragua o a 1.000, o si los aviones hicieron una parada o diez, simplemente no tiene relevancia en ningún problema legal relevante”, escribieron los funcionarios, incluyendo las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.