En Nicaragua hay al menos 13 personas encarceladas por participar en viacrucis, en otras actividades religiosas católicas, o por ejercer y defender su derecho a la libertad de culto, denunció el viernes el Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
"Al menos 13 personas presas políticas continúan injustamente detenidas simplemente por participar en viacrucis y otras actividades propias de la feligresía de la Iglesia católica", señaló el Mecanismo, que está integrado por un grupo de organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, espacios de documentación, y redes de activistas territoriales y digitales.
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Según esa denuncia realizada en vísperas de las festividades de Semana Santa, por más de dos meses esas 13 personas fueron reportadas como desaparecidas en paradero desconocido por parte de las autoridades.
"Sus procesos judiciales fueron arbitrarios, sin respeto al debido proceso, sin derecho a la defensa de su elección y sin que se conozca de qué se les acusa ya que deliberadamente se han ocultado sus expedientes judiciales", anotó el Mecanismo.
Para ese conglomerado de organismos, entre ellos la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, Comité de Familiares Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, Unión de Presas Políticos Nicaragua, Organización de Víctimas de Abril, los 13 encarcelados "son personas inocentes y deben ser liberadas".
Esas 13 personas forman parte de los al menos 121 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua que se encuentran en las cárceles del país centroamericano.
De las 121 personas reconocidos como presos políticos a la fecha, 19 son mujeres y 102 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), según el último informe de ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.