La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el viernes al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y pidió que "cese toda violación a los derechos humanos" y libere a los presos políticos, en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington y envuelta en polémica por reparos de Brasil.
Esta resolución, titulada como "La crisis de Derechos Humanos en Nicaragua", fue aprobada por consenso y también exige al régimen de Ortega y de Rosario Murillo que "respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas y el Estado de derecho y que se abstenga de toda forma de intimidación" contra la prensa, las comunidades religiosas y las oenegés".
En este sentido, pese a que se adoptó de manera unánime, es decir, que fue aceptada por los representantes de todos los países miembros, algo que llama la atención fue la aclaración hecha por la representación de El Salvador ante la resolución.
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En el documento completo, facilitado por la OEA a El Diario de Hoy, puede leerse una nota al pie de página que señala la postura de El Salvador pese a haber acompañado el consenso de la resolución.
"La República de El Salvador reafirma su posición de principios en materia de Derecho internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado", puede leerse en el documento.
Esta no es la primera vez que el gobierno salvadoreño muestra una postura de este tipo, pues en ocasiones anteriores incluso se abstuvo de votar para condenar los abusos de poder en Nicaragua, tal como ocurrió en agosto del 2022, cuando ese gobierno emprendió una serie de ataques contra la sociedad civil y contra la prensa independiente.
En esa ocasión, solo El Salvador, México, Bolivia y Honduras se abstuvieron de condenar las acciones antidemocráticas de Nicaragua, lo que quiere decir que el gobierno salvadoreño se desmarcó de sus vecinos democráticos y optó por guardar silencio ante las graves violaciones a los Derechos Humanos que se registran en Nicaragua desde hace ya varios años.
Asimismo, en febrero de este año el país también se abstuvo de acompañar la resolución de la ONU que exigía "el cese de las hostilidades" de Rusia en el territorio ucraniano, así como la retirada de sus tropas.
Esto pese a que antes de esa votación el organismo advirtió que las abstenciones serían tomadas por Rusia como posturas en su favor en la guerra que inició en febrero de 2022 tras la invasión a Ucrania.
Los antecedentes en Nicaragua
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, reelegido en 2021 en elecciones, con sus rivales en la cárcel o en el exilio.
En protesta contra la negativa de la Organización de los Estados Americanos a reconocer estos comicios, Nicaragua pidió salirse del organismo, lo cual se concretará en noviembre.
En la resolución adoptada el viernes, el órgano supremo de la OEA exige al gobierno nicaragüense "liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos", y que "deje sin efecto las normas" que privan de nacionalidad a opositores, como los 222 expresos desterrados este año a Estados Unidos.
El país debe cooperar, añade, con los organismos internacionales de derechos humanos, "incluso mediante acceso a su territorio".
La OEA, que ya ha adoptado resoluciones parecidas en el pasado contra Ortega, se declara "profundamente preocupada por las denuncias de persecución" de comunidades religiosas que "sufren detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada".
En consecuencia, le pide que "se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez", a quien "se le mantiene aislado".
El obispo fue detenido en 2022 y condenado a 26 años de cárcel por, entre otros cargos, "menoscabo a la integridad nacional".
- "Alarma" -
El encargado de negocios del Vaticano ha abandonado el país y las relaciones diplomáticas entre Managua y las autoridades católicas se hallan al borde de la ruptura tras unas declaraciones del papa Francisco, que calificó al gobierno de Ortega como "dictadura grosera".
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La OEA también se declara "alarmada" por la prohibición y confiscación de los bienes de más de 3.000 oenegés en el país y universidades privadas, acusadas de violar las leyes. Y sale en defensa de la prensa al reclamar a Nicaragua que evite "toda forma de intimidación y acoso".
Según explicó en rueda de prensa el secretario general de la organización, Luis Almagro, el texto "es vinculante" porque para irse "hay que estar al día en todas las obligaciones, las cuantitativas y las no cuantitavias y no está al día en ninguna".
Una vez aprobado, el embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora, llamó a "mantener la presión sobre el gobierno nicaragüense" y pidió "al régimen que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia".