El régimen de Nicaragua puso en vigor este miércoles una reforma a la Constitución que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, quien ahora tiene el cargo de «copresidenta».
La reforma, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
La Presidencia de la República dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos. También la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
Policía voluntaria y vigilancia a medios
Asimismo crea «las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento».
Además crea la policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses «que prestan sus servicios de forma voluntaria».
Pese a que la figura de policía voluntaria no existía en la Constitución, Ortega afirmó en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la «policía voluntaria», civiles armados son «grupos parapoliciales y paramilitares» que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada 'Operación Limpieza' con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones en su contra en 2018, según organismos de derechos humanos y opositores.
El régimen de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean «sometidos» a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.