La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este jueves en Managua una iniciativa de Ley, propuesta por Daniel Ortega, que obliga a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios.

La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituye a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, fue aprobada de manera unánime por los 91 diputados que integran el Parlamento, controlado por los sandinistas.

Durante el debate, los diputados sandinistas, como Wilfredo Navarro, defendieron la aprobación de esa ley usando los argumentos esgrimidos por el régimen orteguista.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo argumentó que es necesario actualizar esa Ley debido a que la misma es totalmente anacrónica y obsoleta y su «extrema longevidad» contrasta con los vertiginosos avances tecnológicos.

No obstante, para la oposición el régimen de Ortega busca «vigilar» a los nicaragüenses y a todas aquellas personas con teléfonos celulares de Nicaragua.

Según el exdiputado nicaragüense desnacionalizado Eliseo Núñez, miembro de la opositora Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, el artículo 109 de esa iniciativa obliga a las telefónicas a darle información al ente regulador de lo que consumen los usuarios.

Ese artículo establece que «los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias».

«Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable», según el proyecto.

Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Por tanto, para la oposición, el régimen aprobó esa ley para perfilar a las personas que sean de su interés en Nicaragua, entre los que mencionó a los del Ejército, la Policía y los empleados estatales.

Entre otros, la Ley obliga a los operadores a «unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del Gobierno de manera gratuita sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional».

La nueva norma establece también que Telcor obligará a los canales locales y creadores audiovisuales, que generen o proveen programas y contenidos por internet, a solicitar una licencia para operar en Nicaragua.

Según el Ejecutivo, la nueva ley está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua.