El Parlamento Europeo aprobó una resolución común contra el intento de golpe de Estado en Guatemala en la que pide al Consejo Europeo (órgano ejecutivo de esa mancomunidad) que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez.
El Parlamento Europeo “condena el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones”, dice el documento.
Por ello, “pide al Consejo Europeo, a este respecto, que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la FECI José Rafael Curruchiche Cacul, el juez Fredy Raúl Orellana Letona, la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros, que están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
Esta es la respuesta de la Unión Europea a los intentos de perpetrar lo que se ha denunciado como un “golpe de Estado judicial” contra el presidente electo Bernardo Arévalo.
La resolución contiene 10 puntos y en el número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.
El documento señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
La resolución fue avalada por 432 votos a favor y 9 en contra y le denominaron “intento de golpe de Estado en Guatemala”.
Intento de anular elecciones
El documento recuerda que el 8 de diciembre la Fiscalía declaró la nulidad de las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo de León”.
Además, menciona que las Misiones de Observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos concluyeron en sus informes que no hubo fraude electoral y que, por el contrario, la Fiscalía “intenta dar un golpe de Estado”.
Asimismo denuncia el antejuicio promovido por la Fiscalía en contra del binomio presidencial, el retiro de la inmunidad a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el silencio de la Corte de Constitucionalidad ante estos hechos.
Por lo anterior, el Parlamento Europeo “pide a las autoridades competentes, en particular a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales.
Además instan a que se “garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas”, detalla la resolución.
La resolución también expresa la preocupación por la detención “arbitraria” de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora.
En este sentido, pide la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente, “así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder”.