El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala afirmó que pedirá el retiro de la inmunidad para el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, al tiempo que emprendió 27 capturas y 31 allanamientos de personas vinculadas al partido Semilla o protestas populares.
En una rueda de prensa, la Fiscalía acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma de la Universidad San Carlos en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
Además, la Corte Suprema negó un amparo a Arévalo contra las acciones del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala detuvo por el mismo motivo Marcela Blanco, una comunicadora y excandidata a diputada que forma parte del Movimiento Semilla.
La policía registró la residencia de una excandidata a diputada, una de las 27 personas cuya captura ha ordenado el Ministerio Público (MP) con 31 cateos, según informó el periódico Prensa Libre.
Las órdenes de detención, incluida la de Blanco, señalan a las personas de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Al ser consultada sobre el porqué de su captura, Marcela Blanco respondió: “Es por hablar en contra de la corrupción”. Añadió que también los fiscales y agentes de la PNC llegaron a su casa antes de las 6 horas y esperaron a que fuera la mencionada hora para ingresar al inmueble.
“Intimidaron a toda mi familia, a mí no me da miedo, pero a mi familia sí. Mi abuela entró en crisis nerviosa”, relató Blanco a periodistas.
La joven excandidata de Semilla señaló que la captura supuestamente es por el caso de la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y recalcó que ella no estudió allí, pues es egresada de la Universidad Rafael Landívar.
Desde julio pasado el Ministerio Público guatemalteco ha interferido con actuaciones en las elecciones de este año, ganadas por Arévalo.
“¿Qué está Pasando con Guatemala? Esto ya es en contra de la población, soy una ciudadana más, no tengo un cargo público y me están haciendo esto, porque por medio de mis redes sociales he denunciado a cada una de las personas que le están haciendo daño a toda Guatemala, y esta vez me tocaron directamente a mí”, expresó Blanco.
Blanco fue candidata a diputada en las elecciones celebradas del 25 de junio, pero no quedó entre los 23 legisladores electos por el partido Movimiento Semilla.
Según constató EFE, varios miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran en la residencia de la comunicadora, de 24 años de edad, ubicada en un sector en el sur de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio Público no ha informado específicamente sobre el caso de Blanco, pero detalló en sus canales oficiales que se encuentra realizando allanamientos por delitos contra el patrimonio de la nación, por cargos de sedición y asociación ilícita, con varias órdenes de captura.
Diversos actores de la comunidad internacional, como el Gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), han condenado la intervención judicial de la Fiscalía contra los comicios por considerar que es un atentado contra la voluntad popular.
El Ministerio Público, al mando de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha buscado desde julio procesar judicialmente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también ha intentando suspender jurídicamente a Semilla.
Por su parte, Arévalo de León ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta encabeza un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.