Desde hoy en el Estado de Texas, entrar ilegalmente es delito y quien lo hace se expone a ser detenido, procesado por un delito menor y eventualmente ser deportado. Si reincide, será juzgado y sentenciado por un delito mayor hasta con 20 años de cárcel. Además de la potested de detener a los inmigrantes, la policía tiene el poder discrecional de expulsarlos a México.
Lo anterior se basa en un resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, que avala la entrada en vigor de la legislación, conocida como SB4, mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.
El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional. Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera de el pleno votara sobre esta solicitud.
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Este martes, sorpresivamente y contrariamente a lo que se había decidido en la víspera de suspenderla indefinidamente, los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.
Hasta con 20 años de cárcel
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió. El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones, donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de hoy como “ decepcionante”.
El abogado añadió en un comunicado que la normativa “amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso”, por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
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Gobierno Biden se opone
La Casa Blanca rechazó este martes la decisión del Tribunal Supremo del país.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación SB4 de “inconstitucional”.
La normativa “no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur”, señaló.
La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la “politización de la frontera por parte de los republicanos”.
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