Como una “nueva agresión gubernamental” que forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales, así ha calificado la Provincia Centroamericana de la Campiña de Jesús la orden girada por el régimen de Daniel Ortega para incautar los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), con sede en Managua.
En un comunicado publicado el miércoles, definió como “falsas e infundadas” las acusaciones de la dictadura nicaragüense en las que identifica a la UCA como un “centro de terrorismo” y se le señala de “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior" de ese país.
La Provincia Centroamericana responsabiliza al régimen de Nicaragua de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores de la universidad, así como de la perdida al patrimonio cultural que se deriven de estos hechos.
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“La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)”, acotó.
Ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional denunció que durante 63 años de experiencia, la UCA ha realizado una labor docente e investigativa que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Este “no es un hecho aislado”, continúa. Señala que desde 2018 la insitutución educativa ha venido siendo objeto un constante asedio, acoso y hostigamiento de parte del gobierno entre las que están la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Para la comunidad jesuita acciones como estás son violatorias de los derechos humanos, y considera además que podrían estar orientadas a la intensión de consolidar un Estado totalitario.
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“Es necesario e imprescindible que se le permita a nuestra Universidad ejercer su derecho irrenunciable a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones”, acota.
De la misma manera solicitan se revierta de manera “inmediata” la medida avalada por el órgano judicial, así como un cese a la “creciente agresión gubernamental” en contra de la universidad y sus integrantes.
Los denunciantes también exigen se busque una solución racional a estos hechos, donde impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.