La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, pidió este jueves al Gobierno de Nicaragua, que preside el sandinista Daniel Ortega, que acepte buscar una solución a la crisis social y política que vive ese país desde abril de 2018.
En una declaración con motivo del primer aniversario del cierre de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, la Compañía de Jesús solicitó al Ejecutivo sandinista que "cese la represión, deje de estar cometiendo sistemáticas violaciones a los derechos humanos, libere a los presos políticos".
Además, que "acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, la libertad de cátedra y el respeto al estado de derecho".
Esa petición fue hecha en un escrito titulado "A un año de la confiscación de la UCA en Nicaragua", en la que la Compañía de Jesús aseguró que "la represión gubernamental continúa, (y) la exigencia de justicia se incrementa" en el país.
Siguen exigiendo justicia
En el documento, los jesuitas dijeron que "con profundo dolor e indignación, pero con inquebrantable esperanza e irrenunciable exigencia de justicia", recuerdan que "hoy se cumple el primer aniversario de la impune e injustificada confiscación, por parte del Gobierno de Nicaragua, de la UCA, sus centros de investigación, bibliotecas, colecciones históricas de documentos, catálogos de recursos naturales, propiedades y recursos financieros".
Esa expropiación "ha sido un invaluable daño al patrimonio científico y cultural de Nicaragua y sigue siendo una grave violación al derecho a la educación de miles de jóvenes que estudiaban en la UCA o pretendían hacerlo", continuó la Compañía de Jesús.
También una violación a la libertad de cátedra, a los derechos laborales, al derecho de propiedad, y una grave violación al inalienable derecho al debido proceso legal y a la legítima defensa, agregó.
Por tanto, enfatizó que "esta agresión está enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática, que lamentablemente continúa hasta el día de hoy en contra de cualquier persona o institución que resulte sospechosa de no estar de acuerdo con el régimen, incluida las instituciones religiosas de diversas nominaciones".
Advirtió que esa represión ha sido calificada como “crimen de lesa humanidad” por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, conformado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La jesuita UCA de Managua, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento y uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua, fue disuelta y expropiada el 17 de agosto de 2023 tras ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un "centro de terrorismo".
El Gobierno nicaragüense publicó un día después en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio del Interior en el que aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".