El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre cómo afecta la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre quien sigue vigente y activa la orden nacional de detención que adoptó contra él y así se lo ha transmitido a la Policía.
Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre cómo se debería aplicar la norma respecto a Carles Puigdemont y los otros líderes independentistas que no llegaron a ser juzgados por el “procés” al haber huido.
En el caso de Llarena, instructor de la causa que afecta a Puigdemont, a Marta Rovira, y a los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, que nunca llegaron a ser juzgados al huir del país, pide a las partes que informen sobre “la aplicabilidad o inaplicabilidad” de la amnistía a los distintos hechos que se le atribuyen.
El juez quiere saber qué opinan “sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares” contra ellos, “prestando una particular referencia” a si los delitos de desobediencia o malversación que se les imputan entrarían en la amnistía o si “pueden considerarse excluidos” de la norma por considerar que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
Éste es uno de los preceptos que el legislador dejó fuera del perdón.
Entre tanto, el juez ha ordenado comunicar a las Fuerzas de Seguridad que las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los otros tres procesados “continúan vigentes y activas” y que “deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”, lo que complica un eventual regreso del expresident.
La ley de amnistía establece que el juez debe acordar “el inmediato alzamiento de las medidas cautelares” y debe dejar sin efecto las órdenes de busca y captura, si bien Llarena considera contradictorio un artículo de la norma en relación a los informes que se deben pedir a las partes, de modo que acuerda dar cinco días a acusaciones y defensas para que expresen su criterio.
El Tribunal de Cuentas y la justicia europea
Mientras, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes que informen sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el “procés”.
El órgano contable ha dictado una providencia en la que pregunta a las partes si procede consultar al TJUE una serie de artículos de la ley de amnistía, que podrían ser contrarios al derecho comunitario y que tienen que ver con la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, entre otros.
La consejera que está al frente del procedimiento ha suspendido el plazo para dictar sentencia respecto a la treintena de ex altos cargos catalanes, incluido Carles Puigdemont, que se encuentran encausados en este tribunal por el desvío de fondos públicos para el “procés”.
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y dos exconsellers del Govern, de ERC, han pedido por su parte al Tribunal de Cuentas que archive esta causa y les exima de la responsabilidad civil y contable, en aplicación de la Ley de Amnistía. EFE