Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) lamentaron este martes la muerte de al menos 41 mujeres en una reyerta y un incendio en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, expresó un "fuerte rechazo a la violencia" después de los incidentes.
"Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias" de las mujeres fallecidas, expresó.
Por su parte, la embajadora de EE.UU. en Honduras, Laura Dogu, externó sus condolencias a “los seres queridos de las mujeres asesinadas sin sentido hoy en Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Esta tragedia agrava las serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de tod@s l@s privad@s de libertad", agregó en un mensaje en Twitter.
El embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, dijo sentirse "impactado" por el hecho violento en la prisión, la cual, dijo, visitó el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.
"Mi sentido pésame para los familiares de las víctimas. Ninguna forma de violencia atentado contra la seguridad integral de las personas es justificable", subrayó el diplomático europeo en Twitter.
Presidenta pide cuentas a funcionarios
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se expresó "conmocionada" por el "monstruoso asesinato" de las 41 mujeres en Cefas, un hecho que considera fue "planificado por maras (pandillas) a vista y paciencia de autoridades de seguridad".
Castro convocó "a rendir cuentas" al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y la titular de la Comisión Interventora de las cárceles, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre la matanza.
La inseguridad en las principales cárceles de Honduras de nuevo quedó en evidencia este martes con la reyerta en el Cefas, de lo que el Estado "es cómplice por omisión", según el analista Raúl Pineda.
"El Estado se convierte en un cómplice por omisión porque no cumple con su labor de garantizar la vida de los internos", dijo Pineda a EFE al referirse a las múltiples matanzas que se han registrado en varias cárceles del país en el presente siglo, que han dejado centenares de muertos.
El caso de hoy tiene el "agravante" de que ha habido la reciente creación de una Comisión Interventora del Estado orientada a poner orden en los centros penitenciarios, al frente de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, añadió.
El 18 de abril Villanueva anunció un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de teléfonos móviles, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.
Para algunos sectores, Villanueva ha venido "hablando demasiado" sobre lo que está haciendo y pretende hacer en el precario sistema penitenciario, compuesto por 25 cárceles, de las que al menos tres son conocidas como de "máxima seguridad", aunque en la práctica lo que impera es la inseguridad y quienes las controlan son los mismos reclusos que lideran pandillas.
Respuesta del crimen organizado
"Lo ocurrido hoy es una respuesta del crimen organizado a Julissa Villanueva, un poco aguerrida en sus declaraciones. La respuesta de los criminales es te vamos a demostrar quién manda en los penales", subrayó Pineda.
El analista considera que los centros penales de Honduras "han sido la cenicienta del sistema de seguridad, ya que todo el dinero para seguridad se destina a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que ha derivado en que las cárceles se hayan convertido en una fuente de corrupción".
Lo que se le viene a Honduras, advirtió Pineda, es un pago millonario a las familias de las víctimas, como ocurrió a raíz de la muerte de 360 reclusos, más una mujer que andaba de visita, en la Granja Penal de Comayagua, el 14 de febrero de 2012.
Sobre las múltiples recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mejorar el sistema penitenciario del país, Pineda dijo que "son sesgadas porque tienden solo a favorecer al preso, no a la sociedad".
"La Constitución de Honduras es clara, las cárceles son centros de seguridad y se procurará en lo posible la rehabilitación, que no funciona en ninguna parte del mundo", añadió el analista.
Además, Pineda considera que el Estado, o sacrifica a la sociedad y abre las puertas generando una serie de privilegios en los penales, o protege a la sociedad aplicando medidas de seguridad, que están determinadas por el comportamiento de los presos".
Recomendaciones que no se cumplen
En diciembre de 2019, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó tres matanzas ocurridas ese mes en tres cárceles de Honduras que dejaron 42 muertos, y denunció que el Estado ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
El 1 de agosto de 2013, la CIDH describió en un informe al sistema penitenciario de Honduras como "deshumanizado, paupérrimo y corrupto", con cárceles que "son totalmente contrarias a la dignidad humana".
Además, la CIDH señaló que "es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras en todas las ramas de Gobierno (...) reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda" del sistema carcelario.