El socialdemócrata Bernardo Arévalo debe asumir este domingo la presidencia de Guatemala tras enfrentar una incesante arremetida judicial que atribuyó a su promesa de rescatar la frágil democracia guatemalteca de la élite corrupta que, según él, se aferra al poder.
Este exdiplomático y sociólogo de 65 años, que denunció esa ofensiva como un intento de “golpe de Estado”, será juramentado en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en sesión solemne de un Congreso que le será adverso.
Desde que pasó en junio al balotaje contra todo pronóstico, sorteó los intentos de la Fiscalía por levantar su inmunidad y anular el resultado electoral, pero deberá encarar la suspensión de su partido Semilla y el riesgo de que sus diputados tengan poco margen de maniobra.
Allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusaciones contra magistrados, el decomiso de los registros con los resultados electorales; así como los diferentes recursos y acusaciones contra Arévalo y dirigentes del partido Semilla, han sido algunas de las acciones de la cuestionada FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad).
Detrás de esta instancia está Rafael Currichiche, quien ha sido sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos e incluido en la lista Engel, por sus acciones corruptas y antidemocráticas.
Diferentes sectores han señalado que las acciones de la FECI y algunos jueces forman parte de una trama que responde a grupos de poder, que no quieren a Arévalo en la presidencia, ya que consideran amenazados sus intereses.
Ante estos graves señalamientos, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha dicho que las acciones de ella y sus subalternos están apegadas al cumplimiento de la Constitución.
Corte rechaza últimos recursos
La última de las maniobras es la interposición de sendos recursos por el diputado y ex candidato presidencial Lecsan Mérida, la derechista agrupación Liga ProPatria en contra del Congreso y un ciudadano no identificado, los cuales fueron rechazados ayer por el máximo tribunal.
El máximo tribunal recordó que el pasado 14 de diciembre conminó al Congreso a “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral”. Además, recordó que recordó que las autoridades electorales ya oficializaron y validaron los resultados de los comicios de junio y agosto pasado, en los que Arévalo salió victorioso.
No estará en directiva del Congreso por orden de juez
Al mismo tiempo, la Comisión Permanente del Congreso declaró independientes a los diputados del Movimiento Semilla, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el juez penal Fredy Orellana, según informó el periódico Prensa Libre.
Al ser declarados diputados independientes, los legisladores del Movimiento Semilla no pueden optar a un puesto en la Junta Directiva del Congreso ni en las comisiones legislativas.
El 8 de enero, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, envió un nuevo oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que pedía que de manera “inmediata” se le diera cumplimiento a la resolución en la que se suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.
“Reconstruir la democracia”
Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos y organismos internacionales, Arévalo relevará al derechista Alejandro Giammattei, a quien sus seguidores acusan de aupar a la fiscal general Consuelo Porras, punta de lanza de la embestida judicial.
La tarea le será inmensa. “Gobernará coexistiendo con la fiscal que” lo “ha atacado” y “afectado la democracia a niveles inimaginables”, afirmó a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, versión local de Transparencia Internacional.
Arévalo despertó enormes expectativas en una sociedad hastiada de la corrupción, azotada por la violencia de las pandillas y del narcotráfico, y donde seis de cada diez guatemaltecos vive en pobreza.
“Indudablemente es una enorme responsabilidad. Pero la gente sabe que no es una tarea que se resuelve de la noche a la mañana”, comentó Arévalo en entrevista con AFP a fines de diciembre.
Hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), gestor de reformas sociales, el futuro gobernante prometió cerrar el grifo de dinero público que ha enriquecido a las élites, mientras la población pasa penurias.
Uno de cada dos niños menores de cinco años sufre desnutrición, y el analfabetismo es del 18%. La mayor economía de Centroamérica expulsa cada año a decenas de miles en busca de trabajo en EE.UU., cuyas remesas ayudan a sostener el país (20% del PIB), según datos oficiales.
Pero para avanzar en lo social, según Arévalo, debe comenzar la “lucha sostenida y gradual” por rescatar instituciones que dice fueron “cooptadas” por las “élites corruptas”, como la Fiscalía, el Congreso, los tribunales o la Contraloría.
“Es un problema sistémico”, sostiene.
Su estrategia incluye la creación de una comisión que proponga reformas para frenar el enriquecimiento ilícito y el clientelismo político en una Guatemala que ocupa el puesto 30 en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, de 180 países.
“Le toca una tarea importantísima e impostergable de reconstruir la democracia” y lograr la gobernabilidad, comentó a la AFP el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, exiliado en Washington.
Su experiencia en resolución de conflictos, dice Rodas, puede ayudar. Arévalo también es filósofo, estudió en Israel y Países Bajos y habla cinco idiomas. Nació en Montevideo y vivió de niño en Venezuela, México y Chile, en el exilio de su padre tras el golpe de Estado orquestado por Washington contra el progresista Jacobo Árbenz (1951-1954).
“Van a tener al presidente emboscado, al primer descuido querrán levantar su inmunidad y destituirlo”, afirmó a AFP Manfrendo Marroquín, cofundador de Acción Ciudadana.