"Mientras estuve ahí murieron dos personas...". La frase es parte del testimonio presentado ante la CIDH esta mañana. La imagen borrosa que se mira en el video-testimonio, es la de un joven estudiante que fue detenido durante el régimen de excepción, prorrogado por 30 días más ayer en El Salvador. En el video, el joven agregó: "Veíamos que subían con una camilla... Sabíamos que estaban muertos porque veíamos la camilla y un cuerpo cubierto por una sábana".
Antes de proyectar el video, Zaira Navas informó que las organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador han documentado 52 muertes de detenidos durante el régimen ocurridas entre el 27 de marzo -cuando fue establecido- y el 21 de junio -antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la tercera prórroga.
"Nos encaminamos hacia 120 días de régimen de excepción", advirtió Navas después.
Sobre las 52 muertes, la representante de Cristosal afirmó que "hay omisión de las autoridades ante la violencia" que ocurre dentro de las cárceles y que "no se han abierto investigaciones. Añadió que más del 90 % de las denuncias recibidas por las organizaciones defensoras de derechos humanos corresponden a detenciones arbitrarias.
Además, explicó que la Policía y el Ejército lleva a cabo el operativo "Casa Segura", en el que ingresan a las casas sin una orden judicial, revisan los documentos de quienes viven ahí y comparan con registros, de tal modo que detienen a personas que ya habían cumplido una pena, que tenían medidas sustitutivas o que fueron liberados que no se comprobó su culpabilidad.
Navas aseguró que se están configurando lo que podrían ser "detenciones secretas", pues hay casos en los que han pasado dos meses para que las familias tuvieran información sobre los detenidos. "Hemos documentado casos de personas que no se sabe dónde están", agregó.
"Tenemos testimonios de casos de tortura", dijo Navas. También agregó que, según esos testimonios, hay celdas para 12 personas donde se encuentran 80 detenidos.
El régimen, explicaron ante la CIDH, no solo ha afectado a los detenidos, sino también a las mujeres, que son quienes "buscan a sus familiares y soportan los gastos".
Al final de la audiencia, las organizaciones pidieron a la CIDH que inicie los mecanismos para visitar El Salvador y constatar lo que ocurre dentro de las cárceles. Aclararon que al inicio del estado de excepción, los detenidos eran llevados a bartolinas, pero luego son enviados directamente a centros penales, donde el hacinamiento y el racionamiento de la comida favorecen la propagación de enfermedades.
Todos los miembros de la comisión lamentaron la ausencia del Estado salvadoreño en la audiencia, a la que también fue invitado.