El 2 de diciembre de 1980, a las 7:00 p. m., miembros de la Guardia Nacional de El Salvador detuvieron a cuatro religiosas de la orden Maryknoll a la salida del aeropuerto internacional de Comalapa, las llevaron a un lugar aislado y fueron asesinadas con disparos a corta distancia. Las mujeres eran de nacionalidad estadounidense y respondían a los nombres de Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan. Foto EDH / Archivo 
Ita Ford realizaba trabajo pastoral en Chalatenango y regresaba de Nicaragua. Foto EDH / Archivo 
Maura Clarke también ejercía su labor religiosa en el departamento de Chalatenago y venía junto a Ford de Nicaragua. Foto EDH / Archivo 
Dorothy Kazel había llegado al aeropuerto a traer a sus compañeras. Foto EDH / Archivo 
Jean Donovan venía con Dorothy desde el departamento de La Libertad a traer a sus compañeras. Foto EDH / Archivo 
Al siguiente día, 3 de diciembre, los pobladores de Santiago Nonualco descubrieron los cuatro cuerpos en un camino, fueron a dar aviso a las autoridades y, al llegar, el juez de Paz ordenó inmediatamente su entierro, como había acordado el comisionado del cantón. Tiempo después, una comisión norteamericana del FBI determinaría que luego de cometer el crimen se procuró ocultar las muertes. Foto EDH / Archivo 
El día 4 de diciembre, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Robert White, se enteró del paradero de las monjas y luego de una serie de gestiones logró llevan los cuerpos a San Salvador. Ya en Medicina Legal, los médicos se negaron a realizar las autopsias, alegando la falta de mascarillas quirúrgicas. Foto EDH / Archivo 
Portada de El Diario de Hoy del 6 de diciembre de 1980. En la foto se desarrolla una misa con los cuerpos de las cuatro religiosas, presidida por el entonces Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Foto EDH / Archivo 
Según el Informe de la Comisión de la Verdad, la Junta Revolucionaria de Gobierno instaló una comisión de investigación, pero se concluye que el único objetivo era dejar un precedente escrito sobre la supuesta inocencia de los cuerpos de seguridad salvadoreños. Foto EDH / Archivo 
El embajador de Estados Unidos en El Salvador (1980-1981), Robert E. White, en una misa de cuerpo presente en la Iglesia San José de la Montaña por la monjas asesinadas. Dos de las religiosas fueron enterradas en Chalatenango y dos en Cleveland, EE.UU. Foto EDH / Archivo 
La Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado de Paz de San Juan Nonualco durante una diligencia de reconstrucción de la escena en febrero de 1981. Foto EDH / Archivo 
El Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos envió una comisión especial para investigar el caso. De irquierda a derecha: William Rogers, William Bowdler y Luigi Eyenadi. Foto EDH / Archivo 
La Comisión Presidencial del Departamento de Estado, enviada por el gobierno estadounidense para esclarecer los detalles del caso de las religiosas norteamericanas, durante una reunión con la Junta Revolucionaria de Gobierno (1980-1982). Según información de la época, la junta declaró que agotaría todos los recursos posibles para dar con los culpables del crimen. Foto EDH / Archivo 
Eugenio Vides Casanova (i), y el general Guillermo García (d), durante su llegada a Palm Beach, Florida, donde se desarrolló un juicio en su contra por el asesinato de las religiosas. Los militares también son señalados como autores materiales de varias violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992). Foto EDH / Archivo 
El exministro de la defensa, Eugenio Vides Casanova, es custodiado por un agente policial luego de ser deportado de los Estados Unidos el 8 de abril de 2015. Es señalado de conocer en todo momento la operación de detención de las monjas y su asesinato, además de ocultar información y proteger a los autores materiales; era el director de la Guardia Nacional. Foto EDH / EFE 
El exministro de defensa José Guillermo García (1979-1983) habla con la prensa tras su llegada al país el 8 de enero de 2016. Es señalado por la ONU de encubrimiento y no hacer ningún esfuerzo para investigar a fondo la responsabilidad de la Fuerza Armada en los asesinatos. El exfuncionario fue deportado de los Estados Unidos por graves violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992). Foto EDH / AFP
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