El gobierno izquierdista español cargó con dureza contra la gestación subrogada, tras la noticia del nacimiento en Estados Unidos del bebé de una actriz de 68 años mediante esa práctica.
"Es una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres", afirmó ante periodistas la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda radical Podemos.
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Montero pidió no olvidar "la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza", en referencia a mujeres que llevan a término la gestación de un bebé de otras personas.
La polémica estalló luego de que la revista del corazón ¡Hola! publicó en su portada una foto de la actriz y presentadora de televisión Ana Obregón saliendo de un hospital en Miami con la pequeña en brazos.
Obregón confirmó la información en su cuenta de Instagram.
"Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", escribió en la red social la actriz, quien en 2020 perdió a su hijo de 27 años por un cáncer.
"La imagen me ha parecido dantesca", criticó Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. "Esto se llama vientre de alquiler, no gestación subrogada", fustigó.
La oposición de derecha se mostró más abierta al debate.
El asunto "merece debates profundos y serenos, porque afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas", dijo Cuca Gamarra, número dos del Partido Popular (PP), formación para la que la línea roja es que se remunere la subrogación del vientre.
La gestación subrogada, ya sea remunerada o altruista, es ilegal en España desde 2006.
La legislación española autoriza, no obstante, la inscripción en el registro civil de los hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero siempre que se presente "una resolución judicial dictada por un tribunal competente" del país en cuestión que establezca la filiación.
La gestación subrogada fue incluida entre las "manifestaciones de la violencia contra las mujeres" en una ley sobre el aborto aprobada en febrero pasado, que también prohíbe toda "publicidad de las agencias de intermediación".