En junio de 1824, una imprenta de mano y tipos móviles de plomo fue comprada en la ciudad de Guatemala mediante colecta popular hecha entre la población de la ciudad de San Salvador. Aquella maquinaria, de origen estadounidense como la instalada seis años después en Costa Rica, fue ubicada en el interior de la casa de Manuel Herrera, predio que en la actualidad corresponde a la 2ª. avenida sur y 8ª. calle oriente, frente al otrora teatro y cine Apolo, donde hasta hace unas décadas funcionó la Confederación de Obreros de El Salvador.
Los primeros impresores, fundidores y operarios de esa Imprenta del Estado fueron el metapaneco Manuel Inocente Pérez y el capitalino Samuel Aguilar, quienes aprendieron el oficio de Gutenberg con el guatemalteco Manuel José Arévalo.
El 31 de julio de 1824, de esa primera Imprenta del Estado surgieron las páginas del primer periódico salvadoreño, el Semanario político-mercantil de San Salvador, cuya dirección editorial le fue confiada al independentista y presbítero Miguel José de Castro y Lara de Mogrovejo. Esa publicación sabatina contenía entre cuatro y ocho páginas, impresas a dos columnas de 7.5 por 25 cm cada una, aunque las medidas generales del periódico eran de 21 por 30 cm, con numeración correlativa de tomo, número de ejemplar y folios. Desaparecería de la historia nacional tres años después.
Entre los años 1824 y 1841, como bien lo señalara la académica salvadoreña Dra. María Tenorio, en el país “Hubo libros importados antes que talleres donde hacer impresos. Hubo lectores antes que escritores, redactores y editores. Hubo compradores de libros antes que impresores. En las décadas que siguieron a la independencia había cuanto menos un incipiente mercado librero en las ciudades salvadoreñas. Había discusión, en semanarios y quincenarios, sobre la manipulación y consumo de este género material y discursivo cuya relevancia trasciende la de otros impresos”.
De esa manera, la circulación del conocimiento se dio gracias a la compraventa de materiales impresos procedentes de Europa (Francia y España, en especial), con énfasis en libros dedicados a la religión, la jurisprudencia y las novelas.
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La falta de otras imprentas, la limitación de materiales base para fabricar los tipos necesarios para las cajas de impresión (el plomo se usaba mucho en las guerras europeas y resultaba escaso, mientras que la fabricación de papel no era abundante) y la falta de operarios profesionales en el rubro hicieron que, durante varios años, en El Salvador los formatos tipográficos de cuarto y octavo fueran usados en su mayor parte para la difusión de hojas sueltas, panfletos, libelos o pasquines y folletos, casi todas producciones entre una y 50 páginas.
En junio de 1824, el volumen que más tarea implicó para la Imprenta del Estado salvadoreño fue el diseño, impresión y distribución de la primera Constitución, en un número no mayor de 300 ejemplares. En la actualidad, uno de esos escasos ejemplares se encuentra en poder del ingeniero y coleccionista salvadoreño Carlos Quintanilla, quien lo escaneó y subió a su propia página de divulgación histórica en Facebook. Al año siguiente, en esa misma imprenta sansalvadoreña se hizo el tiraje de un volumen de 25 páginas, que contenía la Ley fundamental del Estado Libre de Costa-Rica o primera Constitución de esa nación centroamericana. Cinco años después, en 1830, una imprenta Aramag, manual y de sistema plano, fabricada en Estados Unidos, fue llevada a territorio costarricense. Con su puesta en funciones cesaron las necesidades editoriales de su gobierno en la imprenta oficial salvadoreña.
Entre 1824 y 1825, otro tema que abarcó mucho papel y tinta de la Imprenta del Estado fue el asunto del nombramiento del independentista Dr. José Matías Delgado y de León como primer obispo de San Salvador, pero nombrado por la Asamblea Legislativa del Estado de El Salvador y no por el Vaticano. En ese asunto, aportaron sus ideas intelectuales como el Dr. José Simeón Cañas y Villacorta, quien dio a prensa dos folletos titulados Advertencias patrióticas (San Salvador, Imprenta del Estado, 5 y 28 de octubre de 1824) para justificar la validez legal y religiosa de dicho nombramiento civil. Por su parte, el gobierno ordenó la reimpresión de una breve obra redactada por un clérigo colombiano, de cuya edición dio cuenta el alcance al número 2 del Semanario político-mercantil de San Salvador, en agosto de 1824.
Dentro de ese mismo tipo de materiales, la imprenta oficial salvadoreña publicó, en 1825, un volumen de 28 páginas titulado Vindicación del sistema federal de Centro-América, escrito por el Dr. Francisco de Paula García Peláez, arzobispo de Guatemala y uno de los acérrimos contrincantes del padre Delgado y su nombramiento obispal por autoridad civil. En el presente, un ejemplar de esa edición se encuentra entre los acervos documentales del empresario, filántropo y benefactor cultural Lic. José Panadés Vidrí, quien lo adquirió en una casa de antigüedades de Londres, en el Reino Unido.
Acerca del mismo tema del obispado civil, el presbítero, doctor y licenciado Isidro Menéndez divulgó su Exposición del senador por el Estado de Nicaragua P. C. L. D. C. Isidro Menéndez, hecha en el Senado a 1o. de agosto de 1825 al deliberar sobre el proyecto de decreto y orden del Congreso Federal en el negocio del obispado de San Salvador... (San Salvador, Imprenta del Estado, 1825, 40 págs.), del que se conserva un ejemplar en la importante biblioteca latinoamericana de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos). Seis años más tarde, atacó la actitud gubernamental de destituir al prócer Delgado de tan alto cargo cívico-eclesiástico. Esa postura quedó muy bien retratada por Buenaventura Guerrero en las siete páginas del folleto A los admiradores de la censura del Dr. Isidro Menéndez que hace del decreto de 23 de enero por el que se destituye al Dr. José Matías Delgado del nombramiento de Obispo y Gobernador de la nueva Diócesis del Estado, publicado por la Imprenta Mayor de San Salvador, en 1831. En el presente, una copia de este material histórico puede encontrarse en la biblioteca latinoamericana de la Universidad de Tulane (New Orleans, Estados Unidos).
La Imprenta Mayor surgió de la fusión de la Imprenta del Estado (1824) con la que importara Basilio Porras desde Guatemala, dirigida por el tipógrafo guatemalteco Florencio Telles. Esa Imprenta Mayor fue puesta bajo la dirección del artesano indígena guatemalteco Eulogio García, seguido después en ese cargo por hábiles tipógrafos, como Prudencio Ayala, José Higinio Taracena (guatemalteco), Gregorio Arévalo, Domingo Granados y otros salvadoreños más.
Cada uno de esos directores aportó nuevos conocimientos a la Imprenta Mayor, en especial en adquirir otros formatos de impresión más allá del cuarto y octavo, la fabricación de tipos de letras, nuevas fuentes tipográficas, habilidades para la corrección de galeras, trabajo con los cajistas, diseño de grabados en metal y muchos aspectos más, necesarios para poder imprimir cada vez más periódicos, hojas sueltas y libros. En especial, silabarios y catecismos bajo protección oficial. Uno de esos silabarios oficiales, consistente en 18 lecciones hasta culminar en el aprendizaje del Padrenuestro, fue publicado en 1858, en un volumen de pequeño formato. Un ejemplar se conserva ahora en la Biblioteca Británica, en la zona londinense de St. Pancras.
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En 1830, la Imprenta Mayor ya ostentaba el nombre de Imprenta del Estado del Salvador. Fue bajo esa designación que imprimió las 71 páginas de Puntos de referencia constitucional que publica el ciudadano J. M. Montoya, con el objeto de que las lejislaturas de los estados y Congreso General [de la Federación centroamericana] los tomen en consideración. En julio de 1831, este mismo autor anunció en la Gazeta del Gobierno que había concluido un Tratado sobre la expetición (sic) que hizo al Congreso de 1826, restaurado en [18]29 y que lo pondría en prensa “tan luego como haya número de suscriptores capaces de costearlo”. Así, quedaba claro que algunos libros sólo podían ver la luz editorial si se reunía antes el dinero necesario para papel, tinta e impresión.
Sería a partir de la década de 1850 cuando las imprentas oficiales y privadas empezarían a divulgar libros de diversas materias, desde textos escolares hasta literatura en general. Un comercio especializado comenzaba a abrirse paso en el territorio nacional. A ello se sumarían después librerías varias encargadas de importaciones desde Europa y Estados Unidos, así como la gestión directa de autores salvadoreños ante editoriales extranjeras y el mecenazgo gubernamental para la impresión y difusión de obras de variados géneros, algunas consideradas de interés nacional por dictamen de cada gobierno de turno.