En 1822 fue creado el primer diseño para convertir la rada de Tepegua en un puerto moderno. Casi medio siglo después, el puerto de La Libertad ya contaba con un muelle de madera y hierro, dotado con una caseta con grúa para subir las mercaderías, fardos postales y pasajeros que llegaban en lanchas desde los barcos atracados en alta mar. En ese año de 1934, un total de 2,632 turistas internacionales certificados harían ese recorrido desde el muelle hasta la ciudad de San Salvador donde se alojarían en los diversos hoteles existentes en la zona céntrica de la capital de la República de El Salvador.
Al final del muelle de la zona portuaria de la Libertad estaban las oficinas, aduanas y bodegas. Aquella mañana del miércoles 15 de marzo de 1934 comenzó una operación delicada, pero que era de relativa rutina entre todos los movimientos de mercaderías habidos en el puerto. En la madrugada, un barco extranjero trajo un cargamento de 250 cajas de dinamita, con un peso conjunto estimado de seis toneladas. Desde la caseta al final del muelle, las cajas eran transportadas en “la burrita”, un sistema de pequeños vagones arrastrados por una pequeña locomotora de vapor, para proceder a su almacenamiento a unas cuantas decenas de metros.
Lee también: Padre e hija músicos necesitan apoyo para presentarse en Europa
Nadie supo con exactitud qué fue lo que ocurrió a las 07:15 horas de ese miércoles 14 de marzo de 1934. La mayor parte de las especulaciones se centraron en que hubo un freno súbito dentro de la Bodega El Infiernillo -llamada así por su ambiente cálido asfixiante- y que la fricción de las ruedas provocó chispas. Lo cierto es que se produjo una horrenda explosión. A esa deflagración la siguió otra unos pocos minutos más tarde, casi tan dantesca como la primera, cuando estallaron muchos depósitos de gasolina, inflamados por las llamas originadas por el primer siniestro. Ambas explosiones destruyeron por completo la Aduana Marítima, la Comandancia y Capitanía del Puerto -dependencias del Ministerio de la Guerra, Marina y Aviación-, la Aduana de Fardos Postales, las bodegas y otras edificaciones cercanas. Las dos detonaciones de gran poder fueron escuchadas hasta en localidades cercanas como Teotepeque y en las zonas sureñas de Santa Tecla y San Salvador.
De inmediato, el gobierno movilizó hacia la carretera asfaltada desde la capital hasta el puerto a vehículos motorizados con varios miembros del gabinete, el director y subdirector de la Dirección General de Policía, el director general de Sanidad y otros funcionarios para que en conjunto intervinieran en la zona siniestrada junto con. los primeros contingentes de emergencia. Entre los primeros en acudir al terreno estuvieron jefes y elementos de la Guardia Nacional, cuerpos militares, Policía de Línea, Cuerpo de Bomberos, médicos, practicantes y enfermeros de la Cruz Roja Salvadoreña, del Hospital Rosales y del Hospital San Rafael (Santa Tecla) y muchos integrantes de la anticomunista Guardia Cívica Salvadoreña, fundada tras el levantamiento etnocampesino de enero de 1932 en las zonas occidental, centro y norte del territorio salvadoreño. Además, hubo un contingente especial de trabajadores de Telégrafos y Teléfonos para poder restablecer a la mayor brevedad los servicios de comunicaciones eléctricas desde el puerto, habitado entonces por un estimado de unas 5,000 personas y quienes se habían quedado sin acceso a telégrafo y teléfono porque voló la oficina correspondiente, con sus cuatro operarios y un soldado raso que les daba servicio de orden y vigilancia.
Conocedor de la situación, el Dr. José Luis Asencio, presidente de la Cruz Roja Guatemalteca, ofreció “el auxilio que fuera necesario”, pero el gobierno del brigadier Maximiliano Hernández Martínez contestó “que ya estaban atendidas las víctimas”, pero que se hacía “presente nuestro imperecedero reconocimiento a la noble entidad guatemalteca” mediante la Legación salvadoreña en Guatemala.
Ese mismo 14, en sesión extraordinaria, el consejo de ministros del régimen dictatorial del brigadier teósofo declaró el 14 y 15 de marzo como días de duelo nacional, para así honrar a las víctimas de ese desastre piro-explosivo, cuyo número exacto no fue mencionado en la redacción del decreto. Además, organizó un Comité de Socorro para reunir fondos privados y públicos en todo el país para tratar de dar auxilio a los cientos de personas sobrevivientes y sus familias.
Por moción de su presidente, coronel Morales, la Asamblea Legislativa se unió al duelo nacional decretado y decidió aportar un día de sueldo de cada diputado para el fondo recaudado a favor de las personas damnificadas y sobrevivientes de las dos deflagraciones mortales y destructivas. Ese mismo día de sueldo le fue descontado a todos los empleados del sector público nacional.
Durante dos semanas, brigadas de trabajadores de la Dirección General de Sanidad formaron una cuadrilla especial de saneamiento, para intervenir en la remoción de escombros, recuperación, enterramiento y cremación de cadáveres, limpieza de calles y avenidas, inspecciones de casas y negocios cercanos, así como labores de mitigación del paludismo y de introducción de agua potable en la zona.
Gracias a cables de agencias internacionales de noticias, la devastación dejada por las explosiones fue publicada al día siguiente y durante varios días y semanas más por medios internacionales como el francés París Soir, el catalán La Vanguardia y diversos periódicos de Estados Unidos, como The Evening Star, de Washington, D. C.
Nunca fue aclarado el número de heridos y fallecidos, pero de manera oficial se manejó que fue entre 60 y 150 muertos (cifra ésta manejada por la agencia internacional Associated Press, AP), aunque otras fuentes periodísticas estimaron la cantidad de decesos en 250 y en más de mil la de las personas heridas. La destrucción material fue enorme, porque muchos de los edificios del muelle, puerto y aduanas fueron destruidos o dañados con severidad y hubo que demolerlos en los meses siguientes. A juicio de una publicación francesa, los daños materiales en edificios, maquinaria y materias primas y procesadas superaba los 50 millones de francos.
Entre la población salvadoreña comenzaron a surgir rumores y más de alguna teoría conspirativa se orientó a señalar la posibilidad de un atentado terrorista de origen extranjero, debido a que El Salvador había reconocido de manera oficial la invasión militar japonesa al norte de China para fundar el Imperio del Manchukuo, un asunto que mantenía al país enfrentado con el resto de naciones y territorios que formaban la Liga de las Naciones que funcionó entre la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Esa hipótesis popular y otras fueron analizadas por las autoridades judiciales del martinato, pero jamás se hizo público el informe de sus investigaciones y no se dedujeron responsabilidades de las explosiones. En consecuencia, nadie fue procesado en tribunales por tantos daños humanos y materiales.
Esa explosión representó una situación inédita en el pequeño mercado nacional de seguros, cubierto casi en su totalidad desde 1850 por agencias nacionales de empresas extranjeras. “Aunque las pólizas no cubren el riesgo de pérdidas por explosión, el café que había en el puerto de La Libertad el día de la catástrofe del 14 de marzo no estaba amparado por las respectivas pólizas, o mejor dicho, no estaba asegurado. Sin embargo, todas las Compañías, en vía de gracia y después de algunas gestiones, reconocieron a los interesados la indemnización que solicitaron”, señala el informe oficial del martinato, que también dejó asentado que, para febrero de 1935, aún había “otros reclamos pendientes con las Compañías, por las pérdidas de mercaderías en la catástrofe de La Libertad, en vías de arreglo”. En ese sentido, no cabe ninguna duda de que el gobierno del brigadier Hernández Martínez intervino de manera directa para presionar a las compañías de seguros para que pagaran montos sobre mercaderías que no estaban cubiertas por ningún tipo de póliza y para lo que no estaban obligadas porque tampoco estaban aseguradas contra pérdidas derivadas de explosiones accidentales o provocadas. Como resultado de esa intervención directa desde el régimen dictatorial, las indemnizaciones pagadas por el café en tránsito que resultó destruido fueron:
Ninguna fuente oficial mencionó jamás si hubo pago de indemnizaciones para las familias dolientes o para los heridos de aquellas horrísonas explosiones. De hecho, jamás se rindió cuentas de lo recaudado y distribuido por el Comité de Socorro creado por el gobierno martinista
Lo que sí se produjo fue un leve movimiento gubernamental para sentar las bases fundacionales de un Banco de Seguros, a imitación del que fuera creado en Uruguay por la ley 3935 del 27 de diciembre de 1911, como forma de dar cobertura previsional y médica a los trabajadores lesionados por accidentes de trabajo y a sus familiares. Así, en septiembre de 1934, el gobierno salvadoreño reconsideró la iniciativa presentada dos años antes por el diputado santaneco Castaneda Mendoza, pero tampoco prosperó en esta nueva oportunidad.
Un mes más tarde, el jueves 4 de octubre de 1934, ingresó por vía aérea desde Guatemala a El Salvador el señor Henry Richard Llewellyn Williams (1907-1969), agente de seguros británico, quien realizaba una gira de inspección por los países de la región. Nunca se supo a cabalidad el objetivo de su visita ni jamás se le volvió a ver por el territorio nacional. ¿Fue para reunirse con los agentes nacionales de las compañías inglesas de seguros? ¿Tuvo que ver con las pólizas pagadas por las explosiones del puerto de La Libertad? Quizá nunca se sepan las respuestas, pero lo cierto es que, a partir de entonces, el mercado nacional de seguros sufrió una serie de transformaciones desde el ámbito gubernamental y sus leyes destinadas a su regulación, operación y promoción.El miércoles 21 de marzo, el gobierno central, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y mediante sendas publicaciones en el Diario Oficial y principales periódicos, avisó “al comercio importador y exportador que las operaciones de registro de mercaderías en la Aduana de La Libertad han quedado reanudas con toda regularidad”. Cuatro días más tarde, el inicio de la semana santa comenzó la fabricación de la gruesa plancha de impunidad y olvido que ha cubierto desde entonces a este desastre de inmensa magnitud.