Como no han sido una población mayoritaria (y más aún después del 1932), las necesidades de los pueblos indígenas en El Salvador no han sido prioridad, y a medida pasa el tiempo, la sociedad salvadoreña ha olvidado por qué se les llaman pueblos originarios.
A pesar de esta realidad, estos siguen latentes y lo seguirán estando. Por más que se desee ignorar, ellos forman parte del legado histórico del país. Tanto así, que cada salvadoreño tiene rasgos indígenas en su rostro y manos. El maíz, el frijol y el ayote, forman parte de la dieta que hemos heredado de ellos. El café se convirtió en el fruto de exportación por excelencia en El Salvador, gracias a muchos indígenas con experiencia en el campo. Por supuesto, ello terminó con la Matanza del 32.
El alcalde del Común de Izalco, Tito Pasin, es descendiente de dos víctimas del etnocidio llevado a cabo en ese año, y considera que ningún gobierno ha tomado con seriedad el tema, en el que simplemente estaban exigiendo sus derechos. Él pide que las poblaciones indígenas sean respetadas tal cómo son, y que no sólo se les busque con fines partidarios como ha sucedido a lo largo de los años.
Cabe recalcar, que el gobierno actual ha clausurado y eliminado todas las Casas de la Cultura, un proyecto que permitía acercarse más a estas comunidades y pueblos, y de una u otra manera brindaban apoyo y reconocimiento cultural. El mensaje que se percibe con eso, como dice Tito, es que al gobierno no le interesa que ellos como población ancestral sigan existiendo.
Las comunidades indígenas también tienen preocupaciones día a día. Algunas de ellas son la contaminación de ríos, la deforestación, y la naturaleza en sí, reconociendo que reforestar no sólo es sembrar arbolitos y publicarlo en redes sociales.
Tito Pasin, a su vez, hace un llamado a los Kakawiras, Nonualcos, Lencas y Pipiles, pueblos originarios que defienden la madre naturaleza, a que “unamos nuestra voz, y le digamos al gobierno que trate de implantar políticas que verdaderamente sean de supervivencia, no sólo para nosotros, si no para las futuras generaciones”.
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El gobierno salvadoreño también posee una deuda histórica de tierras con los pueblos originarios, y se comprende que eso no es fácil de solucionar, pero es necesario aclarar que las tierras que se expropiaron en el pasado eran de propiedad indígena. Y, precisamente esta es una de las razones por las que el Levantamiento Campesino de 1932 sucedió en un primer lugar.
Para quien no sepa, o lo haya olvidado, entre 1876 a 1931, el país pasó por un auge en su economía que se conoció como República Cafetalera. La plantación cafetalera nacional inició por pura recreación, y cuando se necesitó sustituir el añil en el siglo XIX, se volvió la mirada al fruto promovido por Gerardo Barrios.
Los individuos que poseían plantaciones de café prácticamente vendieron su producción al gobierno de Rafael Zaldívar, pero a medida las exportaciones aumentaban y el flujo económico para El Salvador era mayor, el sistema capitalista fue metiendo mano al terreno.
Más adelante se colocaron límites al costo del café, se aumentaron las ganancias del lado de un pequeño grupo oligárquico, se manipuló la compra de las tierras campesinas e indígenas y posteriormente se expropiaron. Algunos indígenas incluso cambiaron sus tierras por insignificantes porciones de comida.
Las familias empleadoras ofrecían trabajo a estos campesinos (indígenas y ladinos), les daban “como cortesía” un lugar donde vivir (que estaba en la misma tierra expropiada), lo suficiente que comer a diario, y 25 centavos de dólar al día; lo mismo que costaba una libra de café en el mercado nacional.
Los indígenas de forma común eran maltratados física y psicológicamente, obligados a trabajar cuanto el patrón quería, y vistos negativamente incluso por los ladinos debido a su lenguaje. El náhuat se volvió discriminado y decadente, y hablarlo se llegó a considerar una falta de respeto o una ofensa hacia el que no supiera hablarlo. Las mujeres campesinas también eran violentadas sexualmente.
En ese contexto, los campesinos indígenas y ladinos se vieron influenciados por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), quienes motivaron una lucha guerrillera mediante la insurrección. Debido a ello, y al apoyo indígena, el partido tomó fuerza.
En algunas zonas de Sonsonate y Ahuachapán, las elecciones fueron anuladas por el gobierno central (liderado ya por Maximiliano Hernández Martínez después del golpe de estado de diciembre de 1931), quien alegó fraudes y desórdenes públicos, pero la realidad es que el PCS había triunfado en esas poblaciones. Ese mismo enero, los indígenas organizaron un levantamiento, que terminó estallando en la famosa Insurrección Campesina del 22 de enero de 1932, donde entre 20 y 30 mil campesinos se rebelaron en contra de sus patronos.
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Los indígenas manifestaron su descontento junto con militantes del PCS. Quemaron alcaldías y casas de familias adineradas, mancharon paredes, saquearon tiendas, y demás. Las muertes ocasionadas por ellos no fueron más de 30. Por el contrario, se enfocaron en dañar bienes materiales y desaparecer títulos de propiedad de tierras, dándose así el fenómeno de la tierra libre.
La Guardia Nacional respondió como era de esperarse ante cualquier situación así. Dispararon a todo aquel que pareciera campesino o parte del PCS, neutralizando la insurrección en poco tiempo. Y ya que el levantamiento indígena se publicitó al exterior como un levantamiento comunista puramente, ya en febrero, con listas en mano de individuos inscritos en el partido, el gobierno continuó con la matanza.
La Insurrección Campesina marcó el fin del periodo de auge por el que El Salvador pasó, dejando un saldo de aproximadamente 25 mil indígenas, o entre el 1 y 3% de la población de ese año.
Posterior a la matanza, el miedo de los campesinos indígenas aumentó. No podían hablar su idioma nativo sin miedo a que se les matara, y tenían temor incluso de acercarse a las alcaldías. Se dejó de comer carne de cerdo por mucho tiempo y dejó de ser rentable, debido a que los cerdos se alimentaron de los restos humanos. El náhuat se fue perdiendo y los pobladores no lo hablaron más. Además, la actitud de protesta era algo negativo para sus vidas y propiedades.
A largo plazo, este exterminio acabó con la mayor parte del legado indígena en El Salvador.
Después de algunas reformas a la Constitución por parte de la Asamblea Legislativa, el uso de un designado presidencial por 6 meses antes de su segundo mandato, y más reformas, el general Hernández Martínez logró ser presidente “constitucionalmente” por un cuarto periodo el 1 de marzo de 1944. Pero depuso el cargo el 9 de mayo después de la Huelga de Brazos Caídos.
Con Hernández Martínez, inició la época de dictaduras más larga en toda América Latina, lo que más tarde provocó de una u otra manera la Guerra Civil de los 80, debido a aquellas profundas diferencias sociales no resueltas desde 1932.
En esta conmemoración a los Pueblos Indígenas de 2024, solo queda imaginar qué hubiera sucedido con las poblaciones étnicas en El Salvador si Arturo Araujo hubiera finalizado su mandato de manera democrática, o si por lo menos Maximiliano Hernández Martínez hubiera tenido un alto en el momento correcto.
BIBLIOGRAFÍA
- 1932, Rebelión en la Oscuridad. Jeffrey Gould, Lauria-Santiago. 2008.
- El Salvador, Diccionario. Oscar Martínez Peñate, María Elena Sánchez. 2000.
- Museo de la Palabra y la Imagen.