Corren los meses iniciales de 1821. Desde las cajas y prensas de la imprenta de Fermín Villalpando, en Madrid, surgieron las 30 páginas del folleto en que el presbítero José Mariano Méndez Cordero (Santa Ana, 25/9/1777-Don García, Escuintla, Guatemala, 30/3/1850), diputado ante las Cortes españolas por la
Alcaldía Mayor de Sonsonate, presentaba una moción pionera.
En esencia, su escrito buscaba justificar la nueva distribución del Reino de Guatemala, bajo el espíritu del constitucionalismo gaditano. Para aquel funcionario electo en su cargo desde 1815, en esa nueva distribución territorial debía separarse a los 8 curatos y 19 pueblos de la villa de Santa Ana Grande de la Intendencia y Provincia de San Salvador para anexarlos a la Alcaldía Mayor de Sonsonate, “situada en la costa del Mar del Sur” y, de esa manera, dar origen a una nueva estructura independiente dentro de la futura república que surgiría tras las actas de independencia de ese mismo año. Además, proponía que la villa santaneca fuera la cabeza administrativa de esa nueva entidad territorial dentro del Reino de Guatemala.
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En 1808, la villa emitió una medalla de plata de 21 milímetros y 3.4 gramos de peso, para conmemorar el ascenso de Fernando VII a la corona imperial española antes de la invasión napoleónica.
En 1812, las Cortes de Cádiz emitieron el título de villa para Santa Ana Grande, como “recompensa por su conducta patriótica en las alteraciones ocurridas en la Intendencia de San Salvador”, cuando el grupo de criollos denominado Los americanos de San Salvador se rebelaron contra las autoridades de Guatemala y España, en lo que la escuela tradicional aún denomina “primer grito de independencia”, entre noviembre y diciembre de 1811. La real orden que contenía esa disposición fue emitida por el ministro español de Guerra, José María de Carvajal.
Esa actitud de sumisión al régimen ibérico fue apoyada de lleno por el párroco santaneco Miguel Ignacio Cárcamo y por sus coadjutores José María Campo y José Francisco Rendón.
Cuando José Mariano Méndez hizo su propuesta por escrito a las Cortes, buscaba presentar a su familia y a otras de la zona Santa Ana-Metapán como alternativas de poder entre Guatemala y San Salvador, por lo que cabía la posibilidad de tener más influencia y captación de recursos desde y hacia la capital del Reino de Guatemala. Es decir, se le podría sacar mucho provecho al debilitamiento territorial de San Salvador, que vería limitado su acceso portuario más allá de Acajutla.
Con la firma de la segunda acta de independencia del Reino, en la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821 en la Nueva Guatemala de la Asunción, se le abrió la puerta a una posible anexión del Reino de Guatemala a la naciente estructura del Imperio del Septentrión, desarrollado en la Nueva España por el brigadier Agustín de Iturbide y Aramburu, líder del Ejército Trigarante o de las Tres Garantías.
El 5 de enero de 1822, cuando se decretó la anexión del Reino guatemalense al Imperio Mexicano, la villa de Santa Ana Grande se decantó por apoyar a esa “monarquía americana” que ya había insinuado el Dr. José Cecilio del Valle en su documento legal de secesión de la corona española. Pero San Salvador y San Vicente se opusieron a ese acuerdo y eso dio pie a la intervención militar desde San Miguel y Guatemala en contra de las dos ciudades rebeldes.
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En 1822, Manuel José Arce y Fagoaga ocupó con tropas sansalvadoreñas a la villa santaneca y la obligó a suscribir un acta de fidelidad a la Provincia de San Salvador, además de que derrotó a las tropas de escasa defensa que le fueron enviadas desde Sonsonate. Aquello no sentó nada bien a los realistas y españolistas de la zona, que pidieron más apoyo militar a Gabino Gaínza y a la Columna Imperial mexicana, que no les fue concedido, por lo que la guerra les pasó de largo.
Tras la derrota militar de San Salvador y el decreto de anexión de esta a los Estados Unidos de Norte América, en noviembre de 1822, Santa Ana Grande tuvo algunos momentos de tranquilidad bajo la bandera imperial mexicana y la anexión forzosa de la capital de la Intendencia. Sin embargo, al caer el Imperio y ser fusilado Iturbide, la situación manejada por el brigadier Vicenzo Filisola y el coronel Felipe Codallos se complicó. Para el segundo trimestre de 1823, la presencia militar mexicana estaba en riesgo y fue necesario convocar a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que ya estaba esbozada en el acta del 15 de septiembre de 1821.
El 24 de junio de 1823, en el edificio que hoy ocupa el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), en la ciudad de Guatemala, se reunieron los primeros 28 diputados por Guatemala, 12 por San Salvador y 1 por Olancho. Con el paso de las semanas, llegarían los demás electos, hasta completar los 73 propietarios y 24 suplentes.
Entre los representantes electos por San Salvador y Sonsonate estaban los hermanos Isidro y Marcelino Menéndez, así como el abogado José Francisco Córdova. Los tres fueron suscriptores de las actas de independencia absoluta del 1 de julio y 1 de octubre de 1823, que fijaron la separación de las antiguas provincias e intendencias del Reino de Guatemala de los regímenes existentes en España, México o cualquier otra potencia del mundo presente y futuro.
Marcelino Menéndez estaba implicado en negocios mineros en Metapán, a diferencia de su hermano Isidro, más atraído por el sacerdocio, la abogacía y el repartimiento democrático de su esperma, al grado tal de llegar a concebir 52 descendientes con diversas féminas.
Marcelino y Córdova fueron instruidos por el ayuntamiento de la villa de Santa Ana Grande -así denominaban a ese pueblo de indios y villa de españoles desde la primera década del siglo XVIII- para que solicitaran de nuevo a la Asamblea Nacional Constituyente la independencia de su zona de la Provincia de San Salvador y su anexión a la Alcaldía Mayor sonsonateca. Ese deseo obedecía a los “maltratos sufridos” durante el proceso de independencia y de anexión al Imperio del Septentrión.
Aunque familias añileras y mineras como los Méndez y Menéndez tenían especial interés en vincularse con la zona de máximo comercio representada por la ciudad de Guatemala y por la salida al océano representada por la dupla Sonsonate-Acajutla, su deseo no fue concedido y se rechazó la solicitud verbal y escrita, presentada el 30 de agosto de 1823.
En aquellos salones de la Nueva Guatemala de la Asunción, la Asamblea Nacional Constituyente tenía más objetivos prioritarios dentro de la organización propia de la Unión de Provincias del Centro de América -nombre original de la república federal centroamericana- y en la discusión de las bases de la Constitución regional y el desarrollo de los nuevos Estados dentro del esquema federativo adoptado a leve semejanza del estadounidense.
Entre noviembre y diciembre de 1823, los ayuntamientos, cabildos o municipalidades de la Alcaldía Mayor de Sonsonate votaron a favor de su anexión a la Provincia de San Salvador para crear un nuevo Estado dentro de la naciente república federal. Esos votos dieron un fuerte carpetazo a las intenciones independentistas de Santa Ana, cuya culminación tuvo lugar el 12 de junio de 1824, con la promulgación de la primera Constitución y la fundación del Estado de El Salvador, compuesto por los antiguos territorios de la Alcaldía Mayor sonsonateca y las provincias de San Salvador y San Miguel.
Entre 1824 y 1828, hubo otras ocasiones en que la municipalidad santaneca sacó a relucir sus afanes independentistas frente a San Salvador. Incluso, Arce mencionó dicha situación en su libro de memorias. Pero ninguno de esos esfuerzos pasó del papel a la acción concreta.
En 1889, en la imprenta madrileña de Manuel M. de Peralta, se dio a prensas una reedición de 32 páginas del antiguo folleto del presbítero José Mariano Méndez y su proyecto divisionario en ocho provincias. La propuesta secesionista fue revivida en momentos en que la zona santaneca se alzaba como una verdadera potencia local dentro del esquema nacional de promoción de los cultivos cafetaleros con carácter monoagroexportador.
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La riqueza del café daría nuevos bríos a los independentistas santanecos, quienes impulsarían la construcción de una ciudad galante y moderna, con muchas transferencias tecnológicas y la puesta en funciones de innovaciones globales como los bancos y el uso de billetes. Pero ya para finales del siglo XIX, esos intentos independentistas del pasado estaban bastante superados. En especial, tras la visualización de Santa Ana como un puesto fuerte en la defensa militar del territorio contra las invasiones periódicas del ejército guatemalteco.
Mientras Santa Ana fuera vista como una zona necesaria en la producción cafetalera y en la defensa territorial de El Salvador, los deseos de emancipación y secesión permanecerían latentes para los habitantes de la Ciudad Heroica, Urbe Morena, Sucursal del Cielo y demás motes que fijan sus profundas diferencias con el resto de la República de El Salvador.