Desde 2020 la alcaldía municipal de San Salvador le adeuda a la Asociación ProArte de El Salvador los fondos mensuales que eran destinados para el programa de formación musical de los integrantes de la joven Orquesta Sinfónica de San Salvador y, por ende, para el pago de alquiler de dos locales que se usaban para impartir las clases a los alumnos.
Según lo establecido en un convenio firmado el 14 de septiembre de 2017, el proyecto de formación musical creado por la Fundación Azteca en 2011 fue retomado por Nayib Bukele y su esposa, Gabriela de Bukele - cuando este fungió como alcalde de San Salvador-, junto a la actual diputada Suecy Callejas, quien para ese entonces era la secretaria de Cultura de la alcaldía. Esto luego que la fundación mexicana finalizara el proyecto para retirarse del país.
Fue entonces que la municipalidad decidió hacerse cargo del financiamiento para que la ONG siguiera administrando la que se convirtió en la Orquesta Sinfónica de San Salvador, y los niños beneficiados pudiesen continuar con su educación musical sin “cambio alguno”.
Ante eso, la ONG realizó en nombre de la municipalidad capitalina el alquiler de dos locales donde los alumnos recibirían las clases y los ensayos. Uno ubicado en San Salvador y otro en Santa Ana.
Tras finalizar el período del alcalde Bukele, el gobierno edilicio de Ernesto Muyshondt decidió seguir con el proyecto adquirido por su antecesor, firmando una adenda con la ONG en el 2018. No obstante, el proyecto continuó de la mano de ProArte hasta julio de 2021, después que la administración de Mario Durán diera por finalizado el convenio que se firmó con Bukele.
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A partir de eso, la ONG no pudo terminar de finiquitar el convenido debido al dinero que le quedó debiendo la alcaldía capitalina desde 2020, con el cual se pagarían 13 meses de arrendamiento por el local de Santa Ana y 7 meses por el de San Salvador.
La falta de esos fondos puso en aprietos a ProArte, ya que el propietario del local de Santa Ana, Josué Galán, dio un plazo a la ONG para pagar los 13 meses que le deben o, de lo contrario, enfrentaría una demanda.
Ante esa incertidumbre y preocupación, la ONG ha enviado-desde el 26 de mayo de 2021- 11 correspondencias al alcalde Mario Durán y dos al presidente Nayib Bukele para solicitar que se agilicen los pagos de dichos fondos, pero ninguna ha sido correspondida hasta la fecha.
Tras no pagar los fondos de uno de los arrendamientos, ProArte fue demandado por el propietario del local de Santa Ana y ahora el caso ha pasado al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil.
“Ya nosotros recibimos la tercera notificación de embargo y eso implica que si no se llega a algo van a proceder a embargarnos”, explicó el vocero del ONG (quien prefirió no dar el nombre). Además, detalló que ya contrataron un abogado para que lleve el caso.
Al no tener una respuesta del edil Durán y del presidente Bukele, la ONG recurrió a Héctor Silva, concejal de la alcaldía capitalina por el partido Nuestro Tiempo, para que él pudiese llevar el tema a la mesa del concejo y tratar lo antes posible la situación.
El Diario de Hoy contactó al concejal para conocer cómo iba el proceso y este notificó que llevó una propuesta al edil capitalino en octubre de 2022 para darle una solución al problema, pero no se ha tocado en el concejo.
Destacó que la presentó en una reunión donde habían algunos concejales —el gerente de finanzas y el secretario de Cultura de la alcaldía— y lo que le dijeron en ese momento fue: “Héctor, vemos difícil hacer cualquier tipo de desembolso porque hay muchas irregularidades en las auditorías”.
“Yo, independientemente de toda la situación, he llevado una solicitud al equipo del alcalde para que dé todo el dinero que a ellos se les debe, por lo menos, se pueda agilizar el pago de los dos inmuebles. Esa propuesta está en el escritorio del alcalde”, explicó el concejal por el partido Nuestro Tiempo.
En palabras de Silva, “al igual que el Mercado Cuscatlán, este es uno más, quizás en menor escala, de los problemas que la incompetencia- en cuanto a la administración pública-del señor Bukele le dejó tanto a la organización como a la alcaldía”.
Y agregó: “Este hubiese sido un proyecto bien hecho en el que la administración realmente se hubiese preocupado por generar las condiciones a mediano plazo, con auditorías claras, desembolsos a tiempo, y nada de eso hubiera sucedido. Pero como la administración del señor Bukele manejó este convenio, específicamente, con la misma irresponsabilidad e informalidad que manejó la mayoría de asuntos públicos durante la gestión municipal, las consecuencias las vemos ahora”.
ProArte teme que los instrumentos de la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJ) y el inmueble donde funcionan como sede sean embargados. Esto imposibilitaría que más de 85 jóvenes, con sueños y metas, no sigan con su formación musical en la orquesta, y que más de 12 empleados, incluyendo maestros de música y administrativos, se queden sin trabajo.
“Nuestro error fue haber confiado en el 2017 en la alcaldía”, fueron las palabras llenas de tristeza del vocero de la ONG, quien ahora ve un destino incierto para ProArte, que tiene más de 60 años de contribuir al arte y la cultura del país, y más 28 años formando a jóvenes en la música.